El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado por una diferencia de cuatro votos el Real Decreto-ley por el que se aprueba un nuevo complemento a la pensión por maternidad y por el que se facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital de colectivos vulnerables como personas sin hogar o temporeros, entre otras medidas relacionadas con los ámbitos de la Seguridad Social.

El Real Decreto ha sido convalidado este jueves con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos y Compromís; el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos y PNV; y la abstención de ERC, CUP y EH Bildu. El Congreso también ha votado a favor de tramitarlo por procedimiento de urgencia.

«Se trata de una política más generosa, más progresiva y mejor diseñada para corregir la brecha de género en las pensiones en el medio y largo plazo. Con un incremento en el presupuesto adicional de 40 millones, ampliamos en un 30% el número de beneficiarias y concentramos el efecto en las rentas más bajas», ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención, en relación con el nuevo complemento a las pensiones por maternidad.

Según ha puntualizado, «para las pensiones de menos de 12.600 euros, el incremento es de un 80%, mientras que para el resto de tramos permanece con escasos cambios».

Ante algunas «voces críticas» que afirman que es «una medida poco contributiva», el ministro ha precisado que «es así» y que «no será financiada con las cotizaciones sociales sino con los Presupuestos Generales del Estado». «Es una política legítima que sale de las arcas del Estado y por eso, su carácter redistributivo en primer lugar», ha defendido, entre aplausos.

Sobre otra de las medidas que contempla el Real Decreto, la que tiene que ver con el acceso al Ingreso Mínimo Vital, Escrivá ha afirmado que con estos cambios, podrán acceder a la prestación los 60.000 hogares a los que se ha denegado por no cumplir únicamente con el requisito de unidad de convivencia, y ha destacado que se facilita el acceso a «personas con residencia itinerante, personas sin hogar, temporeros o que comparten vivienda».

El Real Decreto-ley también incluye medidas como la compatibilidad del salario para sanitarios jubilados que se incorporen de manera excepcional al trabajo para hacer frente a la pandemia o en la vacunación, o el reconocimiento de la Covid como enfermedad profesional para los sanitarios.

La diputada del PSOE y exministra de Trabajo Magdalena Valerio ha defendido el real decreto, al que se ha referido como «solidario en sus contenidos y ambicioso en los objetivos que plantea».

PENALIZA A FAMILIAS NUMEROSAS

Por el contrario, el diputado del PP Tomás Cabezón ha expresado la oposición de su grupo al Real Decreto porque, a su juicio, «esconde un recorte sin precedentes». «Ejecuta su primer recorte y ha empezado usted por las madres», ha afeado a Escrivá.

Según ha avisado, las madres con 2 hijos y una pensión de 1.100 euros, que «no son millonarias», ya se verían «penalizadas» por el complemento, pues tendrían «400 euros menos de pensión». También ha lamentado que perjudica a las familias con más de tres hijos, las familias numerosas.

Asimismo, la diputada de Vox Inés María Cañizares ha reprochado a «este Gobierno feminista y progresista» que va a «bajar las pensiones a las mujeres, a penalizar a las mujeres con más hijos, las que más contribuyen frente al invierno demográfico» y le ha acusado de querer «acabar con las familias».

Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador i Duch ha criticado que el Real Decreto «no es la forma adecuada», ha advertido al Gobierno de que «está tensando la cuerda» y ha avisado de que la reforma para reducir la brecha de género «no es justa» para las familias numerosas.

También ha criticado el uso de la fórmula del Real Decreto el diputado de Junts per Catalunya Genís Boadella pues considera que «mezcla temas» y «no es una buena técnica legislativa». Sobre la brecha de pensiones, a su juicio, es «mejorable» pues «supone una pérdida de capacidad adquisitiva» para determinadas mujeres.

APOYO DEL BNG, AUNQUE NO LE «CONVENCE» EL DECRETO

Desde Compromís, el diputado Joan Baldoví ha apuntado que «cualquier avance siempre es mejor que ninguno» y ha destacado una «buena medida» que incluye el Real Decreto, al acabar con situaciones «kafkianas» que se generaban cuando «las personas que viven en la calle, las más vulnerables» no podían acceder al Ingreso Mínimo Vital. Si bien, ha afeado a Escrivá que diga que los servicios sociales no están preparados. «Es probable que quien no estuviera preparado es su Ministerio», le ha reprochado.

Por su parte, el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego ha mostrado su apoyo aunque no les «convence» del todo el Real Decreto. Su propuesta es subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el Salario Mínimo Interprofesional para acabar «con la brecha territorial y de género».

NO UNAS MUJERES A COSTA DE OTRAS

La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha criticado que el Real Decreto «penaliza» a las mujeres de rentas medias con más de dos hijos. «No queremos penalizar a ninguna madre trabajadora», ha subrayado, al tiempo que ha apostado por «aumentar la partida presupuestaria» para favorecer tanto a las «madres más vulnerables con un solo hijo» como a las «altas ejecutivas con más de dos» que vieron perjudicada su carrera. «Apostemos de verdad, pero no unas mujeres a costa de otras», ha zanjado.

El diputado del PNV Íñigo Barandiarán considera que la fórmula para acabar con la brecha de género en las pensiones es «mejorable» y ha acusado al ministro de hacer una «flagrante invasión de competencias» en relación con el IMV. «No estamos de acuerdo con que los servicios sociales no estén bien dimensionados. No, esto no es cierto en Euskadi», ha defendido.

La diputada de Bildu Isabel Pozueta pedido «respeto competencial» y ha advertido de que el nuevo complemento de maternidad es «muy limitado y no va a solucionar la brecha de género en las pensiones», por lo que ha anunciado su abstención, al igual que el diputado de la CUP Albert Botran, que, en todo caso, se ha mostrado a favor de las medidas. Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana María Oramas, ha anunciado, en relación con el IMV, que pedirán «que se revisen de oficio» aquellas solicitudes que se denegaron.