La oposición gallega ha rechazado la reforma de la Ley de Salud de Galicia, que se prevé que se apruebe en el próximo pleno de la Cámara gallega con los votos del Partido Popular, por considerar que trata la pandemia como «un problema de orden público» y que puede presentar problemas de «constitucionalidad».

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces en la que se ha marcado el orden del día de la próxima sesión plenaria, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha avanzado el rechazo de su formación a esta norma por considerar que el PP «pretende resolver la mayor crisis sanitaria como si fuese un problema de orden público».

«No se puede hacer frente a una neumonía a base de multas, necesitamos reforzar la sanidad, dotarla de más recursos, recuperar la inversión pública en los presupuestos recortados en los últimos 11 años por el Partido Popular», ha señalado Rodil, que subraya que «lo que necesita el país son medidas dirigidas a mejorar la calidad asistencial y la salud de todos los gallegos, y no convertir la salud en un todos somos sospechosos».

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Socialista, Pablo Arangüena, ha alertado de que los populares «pisan un terreno enormemente resbaladizo» con esta reforma que puede «suponer problemas de legalidad ordinaria e incluso de constitucionalidad».

«No entendemos que se trate de retorcer las posibilidades de nuestro ordenamiento jurídico hasta niveles que exceden la legalidad», ha afirmado el socialista, que ha sostenido que este cambio normativo habla de «temas muy serios». «Está tratando de posibles restricciones de derechos sobre los que la Comunidad Autónoma no es competente» simplemente por el «interés del presidente de la Xunta en apuntarse un tanto».

«FALTA DE APOYO LEGAL»

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido la necesidad de dotar de seguridad jurídica la gestión de la pandemia en un contexto en el que «muchas de las decisiones adoptadas» por los gobiernos autonómicos están «siendo recurridas por falta de apoyo legal» toda vez que «las leyes de salud» a las que recurre el Estado de Alarma «a penas tienen instrumentos» para abordar este asunto.

«Fue reconocido por el propio Gobierno de España cuando dijo que iba a actuar en una reforma de la ley estatal de Salud», ha sostenido Pedro Puy. Además, ha defendido que lo «ideal» sería que esta normativa fuese «estatal» pero ha considerado necesario actuar «a nivel autonómico dentro de las competencias» ante la negativa del Ejecutivo estatal a hacerlo.

De este modo, ha subrayado que lo que busca esta ley es «dar más garantías» y detallar como la administración «puede de forma proporcionada intervenir ante una pandemia». «Lo que no nos parece verosímil es que haya quien vea en esto justo lo contrario de lo que es y que los gobiernos puedan hacer lo que quieran y unos tribunales digan una cosa y otras otra», ha sostenido.

Además, sobre las sanciones, ha considerado que debe de haber un instrumento que permita que estas se hagan efectivas para que «aquellos que incumplieron las normas» aprobadas para proteger la salud de los ciudadanos «se vayan de rositas». «A nadie le gusta sancionar, pero lo que es absurdo es que una autoridad ponga sanciones que después los tribunales tumban por falta de apoyo legal», ha indicado.