La Ley gallega de acción exterior encara los últimos pasos de su tramitación parlamentaria que, tras recibir el visto bueno el dictamen del proyecto normativo, procedente de la pasada legislatura; será ahora sometido a debate y votación en pleno para su aprobación definitiva.

La Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior de la Cámara gallega celebrada este viernes dio luz verde al dictamen del proyecto legislativo, impulsado desde la Administración autonómica, que reinició la tramitación de este texto que quedó suspendido por el final de la pasada legislatura para la convocatoria de elecciones en las que el PPdeG renovó su mayoría absoluta.

Una posición parlamentaria que garantiza que el texto supere las distintas etapas de tramitación en la Cámara, que debatirá en las próximas semanas su aprobación defintiva después de que este viernes superase las votaciones de las enmiendas.

El diputado popular, Alberto Pazos Couñago, lamentó en su intervención que el Grupo Socialista no prestase su apoyo al dictamen cuando «se aceptaron o transaccionaron 14 de las 19 enmiendas presentadas» a un texto que ha definido como «una norma de país que fija el marco normativo, los objetivos y herramientas para relacionarnos y proyectarnos en el mundo en las próximas décadas».

En cuanto a la postura del BNG, el parlamentario del PPdeG apuntó que la oposición a la propuesta legislativo parte de un «posicionamiento legítimo» desde el punto de vista político pero que incurre en «ilegalidades» a la hora de plantear «modificaciones» en el proyecto normativo.

«No es que discrepen de la ley, es que discrepan del modelo de Estado», ha señalado Pazos Couñago tras defender que su grupo «se abrió de mente» para incorporar las aportaciones de la oposición.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, tildaron de «oportunidad perdida» la elaboración de esta regulación para la acción exterior gallega que, a su juicio, «no servirá» para mejorar los canales de interlocución con los agentes en la diáspora ni para proyectar y generar oportunidades para la economía o la cultura de Galicia.

En palabras del diputado nacionalista Luís Bará, el «gran problema» del texto reside en que «parte de una visión domesticada y tutelada de la acción exterior de un país por la subordinación y sumisión a Madrid», algo que, a su entender, se refleja en los artículos por la «retieración excesiva» a la Ley estatal de acción exterior.

Según Bará, se trata de una «ley de mínimos» que «no aprovecha» las oportunidades que ofrecen órganos externos como la Fundación Galicia Europa o el IGADI. «Es una ley de una región que pide permiso a Madrid y queremos una ley de un país que quiere estar en el mundo», ha sentenciado.

Por su parte, el viceportavoz socialista Pablo Arangüena ha vaticinado que ley «no va a funcionar» lo que le ha llevado a sentenciar que el texto «no se arregla enmendándolo, sino cambiándolo radicalmente».

Y es que, para Arangüena, la ley «no solventa» el problema de la «infrautilización» del «activo» que supone la diáspora tradicional gallega con su «potencial económico y cultural», ni tampoco que «se ignore» la «nueva diáspora» surgida en la última década con la salida de «jóvenes y no tan jóvenes» que se fueron de Galicia ante la «falta de salidas profesionales.

Asimismo, ha espetado que el registro de empresas en el exterior «tal y como lo plantea» la nueva normativa es propio de «un gobierno decimonónico» pero no de uno «del siglo XXI». En definitiva, Arangüena considera que en la norma «no se contemplan los medios para hacer de Galicia un sitio competitivo».