La reforma de la ley de salud gallega ha pasado este jueves su último trámite previo al debate en el Pleno del Parlamento con la aprobación del informe de la ponencia durante una larga sesión de la Comisión de Sanidad en la que los grupos de BNG y PSOE han vuelto a oponerse a esta norma, que consideran «autoritaria» y que legitima un «estado de alarma permanente».

Así lo han dicho durante el debate del informe en una sesión en la que solo se ha aceptado una de las 54 enmiendas que, en total, presentaron socialistas (30) y nacionalistas (24). En concreto, se trata de la número 24, que afecta a la exposición de motivos e incide en «revisar el lenguaje sexista en toda la redacción» del proyecto legislativo.

Más allá, a este informe se suman las cinco enmiendas presentadas por los populares y que atañen fundamentalmente a la planificación, con el foco en el desarrollo de la Estratexia Galega de Saúde y los planes por área. Los populares también han introducido una enmienda en la que matizan un artículo de la ley en el que inicialmente se apelaba a avanzar en la «desnormalización» del consumo del alcohol «en todos los ámbitos», con el foco «especialmente» en los menores de edad.

La directriz inicial de «en todos los ámbitos» se elimina mediante una enmienda de supresión y el nuevo texto se ciñe a los menores, apostando por «establecer prohibiciones, limitaciones y estrategias de prevención del consumo de bebidas alcohólicas para avanzar en la desnormalización de su consumo por las personas menores de edad».

INFRACCIONES Y MEDIDAS

Ninguna de las modificaciones que sufre la reforma legislativa impulsada por los populares atañe a los artículos que fueron objeto de polémica la semana pasada, ante la campaña de cientos de correos masivos con contenido negacionista de la covid-19 y antivacunas que, con el rechazo a esta ley por bandera, han llegado a la Cámara.

Entre los capítulos que más críticas han recibido está el que alude a la tipificación de infracciones en salud pública y a las multas. Y es que en el texto se fijan diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse un aislamiento.

En concreto, la ley establece tres tipos de infracciones: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros). Saltarse una cuarentena por parte de infectados o personas con síntomas compatibles con el coronavirus está estipulado como infracción grave, pero pasará a ser muy grave si se hace de forma repetida o si produce un daño elevado en la salud pública.

Mientras, el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas cuando así sea prescrito por autoridades sanitarias está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una «incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población», pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado.

La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, o incumplimientos de horarios de locales.

UNA «ABERRACIÓN»

Durante su intervención en la sesión, el diputado socialista Julio Torrado ha afeado a los populares la «falta de voluntad de discusión» y ha explicado que, el único elemento en el que podrían «ponerse de acuerdo» con el grupo que sostiene al Gobierno en relación a esta reforma, a la que se oponen, es «en que es una aberración»

De hecho, Torrado ha considerado que el articulado propuesto sirve solo para «alimentar el delirio bolivariano autoritario» con la intención de «llevar a rango de ley el poder absoluto para sancionar, para dirigir y para no tener que dar ninguna explicación», algo que establece un «estado de alarma permanente».

El diputado del PSdeG ha argumentado su oposición indicando que el texto «vulnera derechos fundamentales y libertades públicas aprovechando momentos de incertidumbre y miedo», como el actual, e «incurre en algunos problemas legales» relacionados con los derechos constitucionales.

En la misma línea, la diputada del BNG Iria Carreira ha afeado que la ley «no ponga encima de la mesa cuestiones de índole sanitaria, si no solo punitivas», lo que la convierte en un «catálogo de sanciones» que, además, profundiza «en la culpabilización del pueblo gallego» en relación a la pandemia, en lugar de exigir «más recursos sanitarios».

Al igual que el diputado socialista, la nacionalista ha visto en esta reforma la implantación de un «estado de alarma permanente por la vía legislativa», sin que «se imponga un límite temporal fijo más allá que ‘el tiempo que sea necesario'», ha dicho. Por el contrario, ha criticado, nada dice sobre «falta de personal sanitario» o de «recursos». «Los instrumentos que pone el PP contra la pandemia son restricciones y sanciones», ha zanjado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Por su parte, la diputada del PP Encarna Amigo ha asegurado que esta reforma de ley «no incluye nada que no esté ya habilitado en otras normas» y ha culpado de esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez, que «prometió que iba a reformar la ley orgánica de salud», pero no lo ha hecho.

La reforma de la norma gallega, ha defendido Amigo, «restringe el ejercicio del poder» y establece que las normas sean «proporcionadas» a la situación, dando a las medidas «seguridad jurídica». «Lejos de ser autoritaria, lo que hace es poner límites a lo que puede hacer una administración», ha explicado la diputada, alegando que tiene la intención de «cubrir las lagunas y carencias de la actual normativa» en una situación como la que se está dando.

Entre otras cuestiones, Encarna Amigo ha explicado que permitirá «una interpretación más homogénea por parte de los tribunales» en relación a las medidas que se tomen y ha garantizado que las acciones serán «las menos intrusivas e invasivas posibles para su fin», además de «temporales, transparentes y razonadas». Finalmente, ha hecho referencia aun régimen sancionador «más claro, más completo y que evite que las normas no se cumplan».