La Cámara gallega ha acordado por unanimidad demandar al Gobierno del Estado que lleve a cabo los trámites necesarios ante las autoridades europeas para la declaración de Galicia como ‘zona altamente dependiente de la pesca’ y, asimismo, para la revisión del ‘principio de estabilidad relativa’ de cara a un reparto «equitativo» y «ajustado» a las capacidades de cada país.

Así figura en la iniciativa que ha hecho suya el Legislativo gallego a propuesta del BNG y que ha contado con el apoyo de los otros dos grupos de la Cámara, PP y PSOE, en un pleno en el que, además, también ha salido adelante otra proposición no de ley de los populares que reclama la «supresión o modificación sustancial» del artículo 18 de la ley de cambio climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se encuentra en tramitación en el Congreso.

Esta última iniciativa fue debatida en la sesión plenaria del martes y sometida a votación en la mañana de este miércoles junto con el resto de proposiciones no de ley, dos de ellas vinculadas al mundo marítimo-pesquero. La primera, la de los populares, fue aprobada con los votos del grupo mayoritario y del BNG (el PSdeG se abstuvo) para reclamar al Estado «diálogo» con la candena mar-industria ante una modificación legislativa de la Ley de Costas que afecta a los plazos de concesión de las licencias para operar en los márgenes del litoral.

La segunda, centrada en las consecuencias del acuerdo del Brexit para la flota gallega y que fue debatida ya este miércoles a iniciativa del BNG, fue finalmente sometida a votación por puntos. Salieron adelante por unanimidad los dos primeros, que piden la declaración de Galicia como ‘zona altamente dependiente de la pesca’ y la revisión del ‘principio de estabilidad relativa’.

La unanimidad se rompió en la votación de los otros puntos de la proposición, agrupados en dos bloques. El primero contó con el apoyo del PP, además del grupo proponiente (el PSOE optó por la abstención), con lo que la Cámara hizo suya la demanda de reclamar al Estado que reconozca la capacidad de Galicia para negociar directamente en cuestiones que afecten a su economía y, en concreto, a la pesca; así como plantear la elaboración de planes de contigencia y apoyo económico ante las consecuencias del Brexit a corto plazo.

El resto de la iniciativa quedó finalmente rechazada por la oposición de los populares, que, en palabras de la diputada Teresa Egerique, manifestaron que, con su inclusión, el BNG pretendía «meter el papel nacionalista en la pesca». Estos puntos (apoyados por el PSOE) solicitaban la inclusión en el Consello Galego de Pesca de los grupos políticos con presencia en el Parlamento y la articulación de una comisión en la Cámara sobre el acuerdo del Brexit.

DIMISIÓN DE ROSA QUINTANA

En el debate, la encargada de defender la proposición, Rosana Pérez (BNG), afeó el papel jugado por la Xunta en el marco de la negociación del Brexit y sus consecuencias para Galicia. «Si viviésemos en un país normal o tuviésemos un gobierno normal, la conselleira (Rosa Quintana) habría comparecido al día suguiente (del acuerdo) o en el siguiente pleno», ha señalado la parlamentaria.

Tras incidir en que las palabras de la conselleira sobre que «había que eliminar marineros» para adaptar a Galicia al contexto actual deberían haber supuesto su salida del cargo, Rosana Pérez ha advertido que la pesca gallega se encuentra «en modo Brexit» desde la década de 1980. «Habría que eliminar muchas cosas antes que eliminar marineros», ha apostillado.

En su turno de cierre y después de que la diputada del PP Teresa Egerique verbalizase que su grupo no apoyaría la inclusión de los partidos en el Consello Galego de Pesca, la diputada nacionalista incidió en que esta cuestión «no es ningún favor ni ninguna gracia» hacia los grupos parlamentarios sino que se trata de un aspecto «recogido en el el propio decreto que regula el funcionamiento» de dicho órgano.

Por su parte, Egerique puso el acento en el papel desarrollado por la Administración autonómica y afeó al PSOE que «venga al Parlamento a disculparse» por los términos del acuerdo; al tiempo que censuró que el BNG proponga comisiones parlamentarias que «después salen a criticar».

En nombre del PSOE intervino la diputada Patricia Otero, que defendió la necesidad del acuerdo pese a reconocer que «no fue bueno» para los intereses gallegos. «No nos escuchará decir que fue un buen acuerdo, pero sí mejor que si no hubiese acuerdo», ha añadido la socialista.