El PP y el BNG han vuelto a coincidir este martes en el Parlamento gallego en reclamar al Gobierno central «diálogo» con la cadena mar-industria de Galicia ante un eventual cambio en la Ley de Costas, que estaría propiciado por el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que se encuentra en trámite en el Congreso.
Este acuerdo entre populares y nacionalistas ha surgido durante el debate de una proposición no de ley, presentada por el PP, en la que además se pide «la supresión o modificación sustancial» del artículo 18 de dicha ley de cambio climático, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La encargada de defender la iniciativa, cuya votación tendrá lugar el miércoles, ha sido la popular Teresa Egerique, quien ha explicado la «incertidumbre» e «inseguridad jurídica» que supone el artículo 18 porque «limita» a 75 años, teniendo en cuenta las prórrogas, la duración de las concesiones de la zona de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas.
Según el PPdeG, esto podría «afectar como mínimo a cientos de empresas de Galicia» que operan en la línea de litoral y a «miles de estructuras de 80 ayuntamientos costeros».
EL BNG QUIERE «LA SUPRESIÓN» DEL ARTÍCULO 18
Por su parte, la diputada del BNG Rosana Pérez ha recordado que la Comisión de Pesca del Parlamento gallego ya aprobó a comienzos de diciembre, con el ‘sí’ del PP, una proposición no de ley de los nacionalistas que era similar, aunque con una diferencia: «Nosotros éramos claros y rotundos. Queremos la supresión del artículo 18».
En este sentido, Pérez ha criticado que «de facto» se pretenda una modificación de la Ley de Costas a través del proyecto normativo sobre cambio climático, que «no es el lugar» para hacerlo y que además –ha denunciado– «da por hecho que cualquier actividad en la costa es nociva».
La diputada del BNG también ha defendido la actividad «sostenible» del tejido mar-industria en Galicia, al tiempo que ha reclamado «máxima seguridad jurídica para potenciar» este sector.
No en vano, ha apelado a que la Xunta y el PP soliciten al Estado las competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre. «Sería más interesante que en vez de copiar y diluir las iniciativas de los demás», ha ironizado Pérez.
EL PSDEG VE «DEMAGOGIA»
Frente a todo ello, el socialista Pablo Arangüena ha censurado la «demagogia política» de los populares y ha remarcado la idea de que su partido «no va a apoyar ninguna medida legislativa o de cualquier tipo que vaya contra la economía de la costa o de la cadena mar-industria» de la Comunidad gallega.
Así, al respecto de las concesiones en la línea del litoral, el diputado del PSdeG ha indicado que su limitación temporal «no son capricho de nadie» y que el máximo establecido de 75 años está fijado por la Ley de Patrimonio del Estado del año 2003, de cuando gobernaba el PP de José María Aznar con mayoría absoluta.
«El plazo de duración se computa desde su otorgamiento, algo que no altera, en absoluto, la legislación vigente», ha recalcado.
De igual modo, Arangüena se ha mostrado contrario a «suprimir o modificar» el artículo 18 del proyecto de ley de cambio climático, porque ello conduce a la «máxima indefinición», aunque ha dicho que los socialistas están abiertos a una eventual «mejora» de este precepto.
