La mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento gallego ha permitido este martes la aprobación definitiva de la nueva ley de residuos y suelos contaminados de Galicia. Entre otras medidas, contempla la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras de las comidas a los clientes, que deberá realizarse en envases sin plásticos y preferentemente reutilizables.

Esta norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se ha topado con el ‘no’ unánime de los dos grupos de la oposición, cuyas enmiendas han sido rechazadas de nuevo en el pleno. Tanto BNG como PSdeG la ven «obsoleta» frente a la normativa europea y critican la falta de «acuerdo» a lo largo de su tramitación en la Cámara.

Ante la presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, la encargada de defender el texto final de esta ley –enviada por la Xunta al Parlamento ya a finales de 2019– ha sido la diputada del PPdeG Marta Nóvoa, quien ha recalcado que Galicia se convertirá en «pionera» de entre las comunidades para dar cumplimiento al marco europeo de gestión de residuos.

Uno de los cometidos principales de la nueva norma es la disminución de los desechos, que en 2025 –frente al 2030, como marca la Unión Europea– deberán ser en Galicia un 15% inferiores a los del año 2010. En cuanto a los residuos alimentarios, el objetivo es reducirlos en un 30% para el año 2025 y en un 50% para el 2030, lo que está directamente vinculado a la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras.

Además, la ley incide en el llamado ‘vertido técnico cero’, es decir, que solo el 10% de la cantidad generada en 2035 acabe en vertederos –algo que la pública Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) logró ya en 2020, según datos de la Xunta– y que el reciclaje de envases alcance el 65% en 2025 y el 70% en 2030.

La norma fija objetivos para incrementar progresivamente los residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y al reciclaje para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otros susceptibles de ser preparados para la reutilización. En su conjunto, deberán lograr un mínimo de un 55% en peso para 2025 y el 60% para 2030.

Esto se complementará con la «colaboración» de la Administración autonómica para la puesta en marcha de centros especializados para la reutilización, en especial de aparatos eléctricos y electrónicos, téxtiles y muebles.

La nueva norma de residuos también obliga a los ayuntamientos a instaurar la recogida separada antes de que concluya el año 2023, destierra la venta de vajillas de plástico de un solo uso y blinda la prohibición de entregar bolsas de plástico de manera gratuita.

En materia de suelos contaminados, establece un régimen sancionador con multas de hasta 1,7 millones de euros y, a raíz de una transacción de la oposición, la Administración se compromete a realizar un mapa de suelos alterados que incluya información sobre «el tipo de contaminantes y los riesgos para la salud y para el medio».

BNG: «ES UNA LEY DEL PLEISTOCENO»

Por parte de la oposición, el diputado del BNG Luís Bará ha tachado el texto de «ley del Pleistoceno» por ser «desfasada, obsoleta, anticuada y del pasado». «No tiene en cuenta la nueva realidad en la que estamos», ha dicho, en referencia a la crisis sanitaria de la covid.

También ha criticado que el PPdeG no hiciese «ningún esfuerzo en llegar a un acuerdo con la oposición» y rechazase que, durante el trámite en la Comisión 2ª de la Cámara, compareciesen «hasta 12 personas representativas» del sector y del propio Gobierno gallego. «Ustedes tienen alergia a la participación», ha añadido Bará.

Frente a estas críticas, la popular Marta Nóvoa le ha reprochado que estas solicitudes de comparecencia se registrasen «sin previamente consensuar con nadie». Además, ha recordado al diputado nacionalista que diferentes asociaciones ya dieron sus aportaciones en la fase de exposición pública abierta tanto en la Xunta como en el Parlamento, en el portal ‘Lexisla Con nós’, pero que no se incluyeron por «no coincidir con la finalidad y los objetivos de la ley».

GALICIA, EN «PUESTOS DE DESCENSO» EN RECICLAJE

No en vano, Luís Bará también ha asegurado que Galicia está en «puestos de descenso» con respecto al resto de autonomías en cuanto a los objetivos de reciclaje marcados por la UE: «Solo mejor que Ceuta y Melilla».

Y ha cargado contra el modelo de «incineración» perpetrado por la central de Sogama en Cerceda (A Coruña), la «gran factoría del cambio climático». Frente a este modelo, ha reivindicado el plan ‘Revitaliza’ de la Diputación de Pontevedra, institución gobernada por socialistas y nacionalistas.

De hecho, ha destacado que hay municipios de esta provincia gobernados por el PP, como As Neves, O Grove y Mondariz, que están «en la fase más avanzada» de ‘Revitaliza’, que incide en «tratar los residuos en la proximidad».

Sin embargo, la portavoz del PPdeG en este debate ha aseverado que este proyecto de la Diputación «solo» consiguió disminuir «en un 0,86% la emisión de residuos a Sogama» por parte de toda la provincia «y gracias a Vigo, que no está en el plan ‘Revitaliza'».

«Nosotros estamos de acuerdo con el ‘compost'», ha asegurado Nóvoa, si bien ha defendido la incineración de residuos por ser una técnica «permitida por la UE» y que utilizan «seis comunidades autónomas» en toda España.

PSDEG: «GALICIA QUEDA ATRÁS»

Por su parte, la diputada del PSdeG Paloma Castro también ha afeado la negativa del PP a un «acercamiento de posturas»: «En la tramitación, el buen tono de la ponencia quedó solo en eso, en un buen tono, porque al final hubo una ausencia total de participación con los grupos y con los sectores afectados».

«Con esta ley, Galicia queda atrás», ha subrayado la socialista, quien posteriormente ha advertido que cuando la nueva normativa estatal de residuos entre en vigor «en unos meses», la ley gallega aprobada este martes «va a quedar obsoleta».

Castro no ha pasado por alto que este texto «lleva encima de la mesa» desde 2018, cuando fue anunciada por la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato; y ha censurado que no haga una «apuesta decidida por la gestión eficiente de los recursos» ni por buscar «el compromiso de los agentes económicos y sociales y de la ciudadanía».

A su juicio, es «poco ambiciosa» en comparación a la normativa europea y a otras leyes autonómicas, «falta apuesta por la inversión en I+D» y no está adaptada a la pandemia de la covid-19, que conllevó «un aumento de determinado tipo de residuos» domésticos que no son reutilizables, como las mascarillas y los guantes, entre otros.

Asimismo, la diputada del PSdeG ha subrayado que el sector de la gestión de residuos ofrece una «enorme oportunidad de crear empleo» y, en este sentido, ha recordado que los socialistas proponían un «impuesto verde», coordinado con el Estado, que estimulase con incentivos fiscales los «comportamientos más respetuosos» con el medio.