La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) rechaza que EN la futura ley de reactivación las autorizaciones urbanísticas «queden en manos de empresas privadas con posibles intereses en el negocio», un punto que tacha de «inadmisible».

El vicepresidente económico, Francisco Conde, se ha reunido este miércoles con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, para abordar la nueva ley de reactivación –en tramitación en el Parlamento–.

Tras el encuentro, la Fegamp ha emitido un comunicado en el que censura que el borrador de la futura ley «contempla sustituir el informe técnico municipal preceptivo por certificados de empresas».

Así, este órgano de representación de los ayuntamientos gallegos muestra sus «reticencias» hacia el texto, mientras reclama que se tramite a propuesta de la Xunta y no del PPdeG para «tener margen en las alegaciones».

«Además de que las empresas certificadoras puedan ser parte interesada en dicho sector de negocio, los ayuntamientos consideran que ese procedimiento generará mayor número de expedientes de reposición de la legalidad urbanística y una mayor inseguridad jurídica en perjuicio de los propios emprendedores empresariales», avisa.

De tal modo, Alberto Varela le trasladó a Conde que los municipios «son conscientes de la necesidad de buscar fórmulas para facilitar la actividad empresarial, pero la propuesta actual obvia la realidad municipal y puede derivar en conflicto y en una mayor inseguridad jurídica».

POSTURA DE LA XUNTA

Por su parte, Conde ha apelado a la colaboración entre administraciones y agentes sociales para impulsar el tejido productivo gallego.

El Gobierno gallego subraya que la nueva normativa permitirá una respuesta ágil a través de la simplificación administrativa para facilitar la actividad económica.

En este sentido, pone en valor la figura de los Concellos Emprendedores, a la que se han adherido 136 municipios para estimular la actividad empresarial.

En el ámbito de simplificación administrativa, se establece un plazo general de tres meses para emitir informes vinculados a la Administración autonómica, se aplicará el silencio administrativo positivo, al tiempo que se ampliará los supuestos de iniciativas empresariales prioritarias y proyectos industriales estratégicos.

Entre otras medidas, se fija también un régimen de licencias exprés, que reducen tiempos a un mes con carácter general y a 15 días en casos específicos.