El 20 de octubre, el pleno del Parlamento de Galicia aprobó por tercera vez en la última década la constitución de la comisión de investigación para analizar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros y las causas y responsabilidades de su transformación en bancos, incluyendo las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos. Este órgano tardó más de un mes en constituirse, un acto formal que tuvo lugar el 11 de diciembre.

Doce minutos es el tiempo que se ha dedicado a esta comisión en el primer periodo de sesiones de la XI Legislatura, que viene de terminar este 31 de diciembre, y según recoge el propio balance a la conclusión del año que ha hecho el Grupo Popular y que remitió a los medios de comunicación.

Siete años después de ser solicitado por primera vez, dos años tras el inicio de un proceso judicial y exactamente seis meses después de la sentencia del TSXG que obligaba a la Xunta a enviar la documentación, el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo ha remitido a la Cámara gallega el informe-propuesta de la conselleira de Facenda, de aquella Marta Fernández Currás, y el certificado del acta de la reunión de la comisión de secretarios xerais, previa a la reunión del Consello de la Xunta del 18 de noviembre de 2010 (en que se autorizó la fusión de las cajas gallegas).

La propuesta de fusión de la Xunta fue, junto a la carta de encargo del análisis que hizo KPMG de la viabilidad de la fusión (entregada con anterioridad), la documentación que demandó el exparlamentario Antón Sánchez a la Xunta cuando se constituyó por primera vez la comisión y que finalmente reclamó recurriendo a la justicia para hacer valer su condición de diputado y el derecho a contar con los informes reclamados. El pasado mes de junio, el TSXG le dio la razón, pero la Administración gallega tardó seis meses en registrar los documentos en el Parlamento y enviarlos al juzgado, agotando los plazos hasta al último momento dados para el cumplimiento de la resolución judicial.

Los informes fueron remitidos por la Consellería de Facenda el pasado 23 de diciembre, según figura en el documento –que adelantó ABC–, y tiene registro de entrada en el Parlamento el 24 de diciembre, tal y como se puede observar en el papel al que también ha accedido Europa Press.

Sin embargo, esta información no ha sido incorporada al expediente de la comisión parlamentaria una semana después de su llegada al Pazo do Hórreo, ni siquiera hay una referencia a que existe (como es lo habitual aunque el documento sea secreto). La documentación de esta comisión fue declarada secreta para el público en general (incluida la prensa) cuando se constituyó por primera vez entre 2012 y 2013, aunque los entonces diputados de AGE –entre los que estaba Antón Sánchez– difundieron el análisis de KPMG, que no llegó a hacer una auditoria de la (entonces) futura fusión de Caixa Galicia y Caixanova.

La no incorporación de esta documentación al expediente contrasta con que, si se consultan los registros de otras comisiones, como es la de reactivación por la covid-19, se puede observar que sí se han sumado informes con llegada al Parlamento con esa misma fecha e incluso posteriores, a 30 de diciembre.

PROPUESTA DE FUSIÓN

El Consello de la Xunta autorizó la fusión entre la Caixa de Aforros de Galicia y la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova, en su marca comercial) «en los términos aprobados por las asambleas generales de las cajas en las sesiones del 18 de octubre de 2010».

Así, en el documento que remitió Facenda, en el que no se menciona el análisis encargado a KMPG, y por el que la Xunta pagó un millón de euros, se incluye la consideración de que «no se deriva ningún perjuicio para las garantías de los impositores o acreedores de las cajas», por cuanto la «solvencia de la entidad va a reforzarse por la fusión y por cuanto los acreedores tuvieron la posibilidad, durante el plazo de un mes, de oponerse a la fusión si no les garantizaban los créditos o les hacían líquidos sus depósitos».

En el informe remitido también se recoge que el FROB –Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria–, que no se opuso a la fusión, aprobó la suscripción de participaciones preferentes de la entidad resultante por valor de 1.162 millones de euros, con el objetivo «de reforzar sus recursos propios».

A lo largo de los cinco folios de los que consta la documentación remitida por la Consellería de Facenda, se hace un repaso por la historia de la fusión, que comenzó el 11 de mayo de 2010 con la aprobación de sendos documentos, por parte de los consejos de administración de ambas entidades extintas, en los que se mostraba de forma simultánea la voluntad de integrarse «bajo premisas de paridad y equilibrio».

El periplo, con varias autorizaciones de los órganos pertinentes –incluida la comisión rectora del FROB– hasta llegar a la fusión tiene sus últimos pasos en el escrito presentado el 20 de octubre en el registro de la Xunta solicitando la autorización de la fusión.

En cuanto a las consideraciones económicas recogidas en el documento, se recogen algunas cuestiones del plan de integración, que preveía una entidad de mayor tamaño, con más de 73.000 millones de euros en activos y que sería la «quinta» caja en tamaño de España.

También se apuntaba que supondría un recorte de costes de financiación, por las mayores facilidades de acceso a los mercados financieros mayoristas, y una reducción de coste de la estructura. También preveía obtención de beneficios después de impuestos suficientes para devolver al FROB el coste de las participaciones preferentes en un plazo de cinco años, así como para «mantener una importante tarea social» en el territorio gallego.

El plan de integración llegó a señalar un «incremento de solvencia» para afrontar los retos de la aplicación de los criterios de Basilea III –a los que obligaba Europa–. Es más, decía que en 2015 tendría una solvencia «muy superior» a las exigencias del nuevo acuerdo de capital.

Las cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova se fusionaron en NovaCaixaGalicia, pero esta entidad acabó en un proceso de bancarización que la transformó en Novagalicia Banco en 2012, para acabar vendida la venezolana Banesco (en 2014) con un negocio que se desarrolla bajo la marca Abanca.

Tras conocer la llegada y el contenido de la documentación, el exdiputado Antón Sánchez consideró que «las responsabilidades políticas de Feijóo en el fiasco de las cajas queda definitivamente evidenciado». A través de un comunicado, Antón Sánchez atribuye la tardanza en enviar la documentación pretendía «ocultar y evadir responsabilidades» y concluye que el Gobierno gallego se «limitó a estampar su firma el pie de unas cuentas que enseguida se demostraron fraudulentas».