La Comisión Europea constata la «falta de adopción de objetivos y medidas de conservación» en el entorno de las Fragas do Eume (A Coruña), declarada Zona Especial de Conservación (ZEC), en una respuesta parlamentaria al eurodiputado del PSdeG-PSOE Nicolás González Casares.

En su pregunta, el socialista recordaba que «hace más de 20 años» la Xunta aprobaba el decreto para declarar este paraje como parque natural y que se abría un porceso de dos años para realizar un plan rector. Sin embargo, más de dos décadas después, este documento «no ha sido redactado ni aprobado», denunciaba González Casares.

Además, el eurodiputado explicaba que las Fragas do Eume sufrió «gravísimos» incendios forestales, como el del 2012, y que recientemente Augas de Galicia declaró el estado de emergencia por la turbidez del río Eume. Por todo ello, el socialista preguntó a la Comisión sobre el estado en que se encuentra el expediente de sanción relativo a esta situación.

Así, la respuesta ofrecida por la Comisión Europea recuerda que la apertura de la infracción se inició en 2015 contra «la mayoría de comunidades autónomas» de España, también Galicia, al haber incumplido obligaciones derivadas de la Directiva sobre Hábitats.

El pasado 2 de julio de 2020, durante este procedimiento, el Ejecutivo comunitario envió una «carta de emplazamiento complementaria» en la que se instaba al Estado español a «completar el proceso de designación de la ZEC y adoptar unos objetivos de conservación detallados y específicos para cada sitio», así como medidas para «todas» estas zonas de conservación.

De hecho, la Comisión Europea especifica en su respuesta al eurodiputado que las Fragas do Eume están incluidas en este proceso de sanción «debido a la falta de adopción de objetivos y medidas de conservación».

Por todo ello, y una vez recibida una réplica por parte de España a dicha carta de emplazamiento, el Ejecutivo de la Unión Europea dice que la está «evaluando» y que, en base a ella, decidirá «sobre los próximos pasos que adoptará» para que se cumpla la Directiva sobre Hábitats.

En este contexto, el socialista Nicolás González Casares deduce que la Xunta, como la administración «competente», ofreciese en este caso «una muestra más» de «dejadez» con respecto a «una de las joyas naturales de Galicia».

ALBERTA I

Por otra parte, la asociación Ecoloxistas en Acción ha trasladado a la Comisión Europea, a través de la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego, la «intención» del Gobierno gallego de «otorgar concesión de explotaciones mineras sin evaluación de impacto ambiental», como es el caso del proyecto de extracción Alberta I, en varios municipios de Ourense y Pontevedra.

Ante ello, los ecologistas advierten en un comunicado que la omisión de este trámite «podría ser constitutivo» de una vulneración de las directivas de evaluación de impacto ambiental 42/2011, 92/2012,e 52/2014, por lo que solicitan a las instituciones comunitarias la apertura de «una investigación».