El gobierno local olívico ha aprobado de modo definitivo movilizar casi 36 millones de euros de remanentes con la abstención del grupo municipal del PP y el rechazo de los concejales de Marea de Vigo y BNG en un pleno extraordinario celebrado este miércoles.

El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha explicado que 2,6 millones de euros de los 35,6 millones de esta modificación de crédito se consignarán para la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así, ha resaltado que el Ayuntamiento de Vigo es el primero en «hacer uso de los ahorros para reactivar la economía» pese al «bloqueo de fuerzas como el PP» a nivel nacional.

En esta línea, ha defendido el «modelo de acción política» socialista basado en «reaccionar» a las necesidades actuales que ha contrapuesto con el del líder del PP, que «no hace nada».

El edil de Hacienda ha destacado que las actuaciones que se impulsarán con esta aprobación definitiva de la modificación de crédito, que ha supuesto la ratificación la provisional emitida en noviembre en pleno, se llevarán a cabo «en distintos ámbitos atendiendo a todos los barrios».

Así, ha valorado la apuesta por la sostenibilidad ambiental con la Vía Verde en Teis «para hacer un espacio de encuentro» y la instalación de ascensores urbanos para que se permita «la movilidad de las personas». En esta línea, ha avanzado que los remanentes se destinarán a «50 acciones productivas que harán de Vigo una ciudad habitable» e incrementarán el empleo, las capacidades productivas y el bienestar sin comprometer el gasto futuro.

Además, ha subrayado que el gobierno local «hace frente» a gastos derivados de la pandemia y atiende las necesidades de las personas y «los sectores que lo precisan» con acciones como la reducción de la tasa de basura comercial.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, ha señalado que la ciudad suma unas 1.800 personas desempleadas más que el año pasado y ha incidido en la importancia de que los remanentes se destinen a ayudas al comercio y la hostelería, a los que ha recordado que han apoyado las demás ciudades gallegas y las cuatro diputaciones.

También ha preguntado al gobierno local si se encuentra en tramitación un expediente de indemnización por la bajada de la afluencia en el transporte urbano durante la pandemia para la concesionaria, Vitrasa, cuyo «chantaje» le ha instado a rechazar.

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha recalcado que «la competencia que tiene (el Ayuntamiento) para dar becas de inglés es análoga a la que tiene para utilizar los remanentes para políticas de cobertura social» –no cuenta con competencias directas en ninguno de los ámbitos–, por lo que ha llamado a priorizar las necesidades derivadas de la pandemia sobre actuaciones como la cobertura del antiguo tranvía situado en Coia.

Rubén Pérez ha considerado además que debería ser «una prioridad» evitar que Vitrasa «chantajee con los salarios de los trabajadores» al gobierno vigués.

Adicionalmente, el concejal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha criticado que la modificación de crédito fuese elaborada «en régimen de monólogo» por el gobierno local «sin aceptar ideas» de grupos políticos o colectivos, así como que la aprobación inicial la realizase en solitario. Además, ha lamentado que, ante una nueva movilización del sector hostelero para pedir ayudas, la respuesta del alcalde fuese «limitarse a decir que no es asunto suyo».

UTILIZACIÓN DE REMANENTES

Tras el debate sobre la modificación de crédito, el regidor olívico, Abel Caballero, ha defendido que el decreto ley que recogía el acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos era «mejor» para Vigo que la solución adoptada finalmente, la suspensión de los tres principios fiscales de la conocida como ‘Ley Montoro’.

De este modo, Caballero ha apuntado que la propuesta inicial incluía una cantidad a fondo perdido para los municipios, además de la devolución de los remanentes prestados a Hacienda. En todo caso, ha celebrado que se permita la utilización de los ahorros municipales, cuya totalidad ha indicado que no se gasta en este momento puesto que el Ayuntamiento debe «pagar deudas del gobierno de Corina Porro» en relación a aparcamientos.

El portavoz ‘popular’ ha afirmado que la imposibilidad de la movilización de los remanentes «no era un problema de la ‘Ley Montoro’, sino de decisión política», lo que se mostró con su arreglo mediante el levantamiento del techo de gasto.

A este respecto, Rubén Pérez ha resaltado que su grupo municipal ya había advertido de que «no era cuestión de hacer un préstamo a Hacienda para obtener el 30% de ese presupuesto», sino la «interpretación de la regla fiscal». De hecho, ha recordado que, mientras el alcalde y presidente de la FEMP «decidía incautar los ahorros» de los ayuntamientos, la ministra de Hacienda «negociaba» la alternativa actual.