La Cámara gallega ha aprobado demandar al Gobierno de España la transferencia a Galicia de la gestión del ingreso mínimo vital y pedir a la Xunta que impulse las modificaciones normativas necesarias para garantizar la complementariedad de la Risga con esta prestación, de cara a facilitar la transición hacia una renta única.

En concreto, el Grupo Popular y el BNG han consensuado un texto a raíz de una iniciativa defendida por el diputado del PPdeG Alberto Pazos. Con todo, los socialistas se han abstenido después de que el PP no aceptase su enmienda.

«Necesitamos que se transfieran los fondos asociados a esta prestación para poder integrarlos en una renta única que permita mejorar prestaciones y evitar duplicidades», ha argumentado Pazos, que ha sostenido que este traspaso «resultaría doblemente importante por la necesidad de agilizar las ayudas» y porque no se puede aceptar «un trato discriminatorio a Galicia.

«No existe ningún impedimento para que este traspaso se concrete, excepto la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de castigar, una vez más, a Galicia», ha indicado. «Galicia no merece el maltrato político a la que está siendo sometida y, por eso, solicitamos que se nos reconozca como la nacionalidad histórica que somos y que no se nos nieguen los recursos que se conceden a otras comunidades autónomas», ha señalado.

APOYO CON CRÍTICAS DEL BNG

Aunque finalmente los nacionalistas han llegado a un acuerdo sobre la iniciativa con el PP, la diputada Olalla Rodil se ha mostrado crítica con los objetivos de los populares. «A ustedes les importa la condición de nación histórica de este país cero, lo que les importa es cuánto de útil es para zurrarle a Sánchez», le ha afeado.

En este sentido, ha censurado que en 11 años de gobierno de Feijóo se consiguiesen «cero» competencias nuevas para Galicia. «A ustedes les interesa esto lo justo para hacer oposición al Gobierno», ha incidido la diputada del Bloque. Por ello, ha instado a los populares a «no envolverse en la bandera» de Galicia para «zurrar al contrario» sino para «ser útiles» a los gallegos y abordar una modificación legal que permita alcanzar una renta digna real.

Por su parte, la socialista Begoña Rodríguez Rumbo, que ha formulado una enmienda que fue rechazada por el PPdeG y en la que pedía llegar a un acuerdo para establecer un «marco de colaboración» sobre este asunto, ha acusado a los populares de buscar la confrontación.

«El Grupo Popular no trae una iniciativa para que el Gobierno gallego ponga medios para cambiar la situación de vulnerabilidad en la que llevan viviendo muchos hombres y mujeres 11 años…, trae una iniciativa para zumbarle una vez más al Gobierno de Sánchez». «Mientras ustedes buscan la confrontación, el Gobierno de Sánchez trabaja para dar respuestas, mientras ustedes gritan, el gobierno de Sánchez legisla», ha argumentado.

INICIATIVAS RECHAZADAS

Por otra parte, en la sesión han sido rechazadas sendas proposiciones no de ley del PSdeG y del BNG sobre el servicio de ayuda en el hogar que han sido debatidas de forma acumulada. En concreto, la del Bloque, formulada por Olalla Rodil, instaba a la Xunta a iniciar un proceso de diálogo con los ayuntamientos y con los representantes de los trabajadores del servicio para modificarlo e incluir cuestiones como un incremento del precio por hora que aporta la Xunta o el establecimiento de criterios objetivos de distribución de las horas.

Por su parte, el PSdeG, a través de la diputada Marina Ortega, ha propuesto que la Cámara emplace a la Xunta a mantener el Servizo de Axuda no Fogar extraordinario y a prorrogarlo hasta que la pandemia esté controlada.