El exlíder del PSdeG y actual concejal de Espazo Común en O Carballiño, Pachi Vázquez, se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio celebrado para responder ante irregularidades detectadas en contrataciones durante sus años como alcalde en el municipio.
En esta novena jornada del juicio estaba previsto el interrogatorio a cuatro de los cinco acusados: Pachi Vázquez, Elisa Domínguez, José Antonio Barge y Carlos Montes, mientras que Alfonso Prado estaba previsto que declarase en la sesión de este jueves.
No obstante todos han comparecido este miércoles acogiéndose a su derecho a no declarar «por recomendación» de su abogado, según ha trasladado cada uno de ellos.
Aunque en el interior de la sala no se han hecho declaraciones, a la salida Pachi Vázquez atendió a los medios de comunicación. «Me acogí al derecho a no declarar por recomendación de mi abogado así que, ahora, me acojo al derecho de hacer declaraciones cuando salga esta sentencia».
Vázquez ha considerado que el proceso «se ha acabado» y que todos lo tienen «bastante claro», pero que «el momento de hablar será cuando hable la justicia», argumentando que ya ha declarado hasta «tres veces».
«NO HAY IRREGULARIDAD»
Previamente a la declaración de los investigados compareció el último testigo de la defensa, abogado y catedrático en derecho administrativo, que rechazó la existencia de irregularidades. «En mi modesta opinión no hay irregularidad en la contratación de indefinidos de oficio».
Para explicarlo ha indicado que «hay una diferencia entre indefinido y trabajador fijo», puesto que a pesar de ser «lo mismo en el ámbito privado», en el público «son privativos de la administración».
«El indefinido no fijo no deja de ser un temporal, por lo que no hay, en mi modesta opinión, irregularidad en el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la situación de indefinido de oficio».
Además, ha aseverado que la Inspección de Trabajo en Pontevedra y en Lugo promovió la declaración de indefinido de oficio «en muchos ayuntamientos porque eran sancionables los alcaldes sino se realizaba».
SE MANTIENE LA ACUSACIÓN
El Ministerio Público mantiene la acusación y reclama penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años para Pachi Vázquez, Carlos Montes y Alfonso Prado; nueve para Jose Antonio Barge Gil, edil de personal entre 2007 y 2011; y ocho años y nueve meses para Elisa Domínguez, quien fue responsable del área social y alcaldesa en funciones durante mes y medio.
Según Fiscalía, en sus respectivos periodos de mandato suscribieron «un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada con respecto a 60 trabajadores», y la gran mayoría pasó a formar parte de la nómina de indefinidos del Ayuntamiento de Carballiño.
Por ello acusa de «no respetarse la normativa de acceso a la Administración Pública para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad»
En la sesión de este jueves se procederá a la presentación de los informes finales, una jornada antes de lo previsto inicialmente.
