La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, ha vuelto a rechazar acudir a la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, a la que fue citada al igual que el resto de presidentes provinciales, para explicar las cuentas de la institución provincial.
Así, en una carta remitida a la comisión, a la que ha tenido acceso Europa Press, recalca que su «posición no varió» con respecto a otros años y, por lo tanto, no comparecerá ante la Cámara «en atención al principio de autonomía local», de forma que «las entidades locales no están supeditadas a los parlamentos autonómicos».
«Como nuestra posición no varió e, igual que hicimos en años anteriores, remitiremos el presupuesto para conocimiento de la comisión», señala en la misiva remitida al Parlamento. Silva sí acudió los dos primeros años en los que asumió la Presidencia de la institución provincial, pero después denunció que se sintió atacada políticamente al margen de lo que era el debate previsto.
Reunida la Mesa de la Comisión, tomó conocimiento de la carta y trasladó en otro escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, a la Presidencia de la Cámara la situación, con el fin de que le hiciese llegar el informe jurídico que ya se había esgrimido en otras ocasiones y que avalaba la llamada a comparecer en el seno del Pazo do Hórreo para explicar las cuentes.
Así, el jefe del Legislativo gallego, Miguel Santalices, y tras la decisión adoptada por la mesa de la comisión, remitió a Carmela Silva el informe de los servicios jurídicos, que informa del alcance del artículo 53 bis del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre.
INFORME JURÍDICO
En el informe, los servicios jurídicos concluyen que «el deber de colaboración entre instituciones es un principio constitucional que incluye a los presidentes de las diputaciones provinciales», puesto que son titulares de órganos de gobierno de corporaciones locales que, pese a estar dotadas de «autonomía» dentro de la organización compleja del Estado, «no quedan exentas de cooperar con un parlamento a través de quien legalmente dirige su gobierno y administración». Esto es, si bien cuentan con autonomía local, se hacía hincapié en la necesidad de colaborar entre instituciones.
En un segundo apartado, los servicios jurídicos de la Cámara señalan que la incomparecencia de un presidente de diputación provincial ante la Cámara «no conlleva responsabilidad jurídica ninguna», puesto que las normas que amparan el deber de colaboración y de buena fe constitucional «no contemplan sanción para su incumplimiento».
REUNIÓN CON FEIJÓO
En su carta remitida este año a la Comisión de Orzamentos, Carmela Silva aprovecha para manifestar su interés en reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de «trasladarle la urgencia de realizar la transferencia de los servicios que presta la diputación de los que no posee competencias propias ni delegables» y que ascienden a «más de 20 millones de euros que se podrían dedicar a garantizar más recursos para la ciudadanía de la provincia de Pontevedra».
Precisamente, las cuentas de la Diputación de Pontevedra nacían este año con polémica por una subida de sueldos para los integrantes del ente provincial que finalmente se retiró y que fue duramente criticada por el PPdeG.
COMPARECENCIAS DE LOS PRESIDENTES PROVINCIALES
Desde 2007 (para los presupuestos de 2008), los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales habían comparecido en la Comisión de Orzamentos de la Cámara autonómica ininterrumpidamente hasta 2017, aunque no siempre había sido así.
De hecho, en noviembre de 2005, los servicios jurídicos del Parlamento emitieron un informe –el mismo que se esgrime ahora– sobre la comparecencia de los presidentes de las diputaciones en la Comisión de Orzamentos de la Cámara, después de que PSdeG y BNG, de aquella en coalición en el Gobierno de la Xunta y con mayoría parlamentaria, solicitasen la presencia de todos ellos.
De aquella, los presidentes provinciales del PP –Ourense (José Luis Baltar), Lugo (Cacharro Pardo) y Pontevedra (Rafael Louzán)– registraron sendos escritos en los que rechazaban comparecer ante los diputados de la Cámara gallega. Por su parte, la Diputación de A Coruña la dirigía el socialista Salvador Fernández Moreda.
En 2017, Carmela Silva rechazó acudir al Parlamento, una acción que fue secundada también por el socialista y de aquella presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, que sí acudió al año siguiente.
