El Consello de la Xunta ha dado luz verde este jueves al proyecto de acuerdo por el que Vicepresidencia tiene vía libre para firmar ya, este mismo viernes, el convenio de colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la tramitación de las multas relacionadas con la covid-19.
Concretamente, este convenio busca establecer las bases de colaboración para que los ayuntamientos pequeños, que no tienen capacidad para la gestión de multas, puedan tramitar las sanciones derivadas de incumplimientos por las restricciones en el marco del estado de alarma, y después de meses en el que Administración autonómica y local discreparon sobre las competencias para ello.
Este convenio llega después de una negociación por ambas partes y de que, por parte de la Xunta, se esgrimiesen sendos informes de la asesoría jurídica y del Consello Consultivo por los que quedaba avalado un reparto en la competencia de las multas.
A través de este convenio, la Xunta se compromete a prestar a los ayuntamientos que se adhieran la asistencia técnica y material para tramitar los procedimientos sancionadores, en los casos en los que sea de ámbito municipal. Así, se pretende «agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de muchos municipios».
Los ayuntamientos que se sumen al convenio se comprometen a iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores y deberán remitir a la Xunta la información precisa para que se pueda ejecutar la encomienda de gestión.
Por su parte, el Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico.
Tanto las unidades tramitadoras, como los ayuntamientos, contarán con una guía de tramitación en la que se recogerán todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.
TRÁMITES
El personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación, de realizar las notificaciones de los acuerdos, con las que se aportarán cartas de pago o de elaborar propuestas de resolución en los casos en que no se proceda al pago o cuando haya alegaciones.
Este apoyo se realizará bajo la supervisión del ayuntamiento, singularmente el instructor, que se deberá encargar de su formalización, así como de firmar los acuerdos de incoación y propuestas de resolución. En resumen, la Xunta se encargará de redactar documentos y los ayuntamientos los revisarán y darán su firma a las sanciones.
REUNIONES
Este acuerdo, cuya firma está prevista para este viernes, viene a resolver en parte las discrepancias entre ambas partes por la gestión de las multas derivadas de las restricciones de la covid y se produce después de varias reuniones, una de ellas la más alto nivel en la que participó el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Además, la futura Ley de saúde de Galicia, que ha entrado a trámite –por urgencia– en el Parlamento por impulso del Grupo Popular también incluye esta cuestión. Este texto, elaborado en coordinación con la Consellería de Sanidade –el titular autonómico, Julio García Comesaña, participó en su presentación– incluye delimita las competencias de cada administración, de manera que resuelve por la vía legal este conflicto.
