Los grupos con representación en el Parlamento de Galicia –PPdeG, BNG y PSdeG– han llegado este miércoles a acuerdos para aprobar medidas que permitan avanzar en la lucha contra la violencia machista y también para proteger a los menores huérfanos.

Coincidiendo con la celebración del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer y después de que la sesión de control al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se saldase con un debate bronco sobre esta cuestión, los grupos han conseguido llegar a acuerdos para sacar adelante dos iniciativas –presentadas por los populares y los nacionalistas– que abordan distintos aspectos de esta problemática.

De este modo, a raíz de una proposición no de ley defendida por la diputada nacionalista Olalla Rodil, las tres fuerzas han acordado instar a la Xunta a diseñar, en colaboración con el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, un plan específico de atención psicológica para las mujeres en situación de violencia machista adaptado a la realidad generada por la covid-19, así como a las consecuencias del confinamiento.

Asimismo, han pedido ampliar el plan de refuerzo de atención a las víctimas para garantizar el funcionamiento de los servicios de atención, información y asesoramiento a las mujeres en situación de violencia machista, tales como: prestaciones económicas, apoyo psicológico, Centros de Información a las mujeres y recursos de acogida.

Además, han reclamado elaborar un estudio sobre la situación de las víctimas durante la pandemia, ampliar la red de centros CIM, reforzar las medidas dirigidas a la atención de las que viven en el rural, ampliar la colaboración con la Rede Galega contra a trata de seres humanos con fines de explotación sexual y dirigirse al Estado para que impulse la aprobación de una ley contra la trata.

El acuerdo ha partido de una iniciativa defendida por Olalla Rodil, quien también pedía que se incrementase, en el proyecto de presupuestos para 2021, los recursos económicos destinados a combatir la violencia machista hasta, como mínimo, situarlos en el 1% del total.

Con todo, tanto este punto como otro en el que se reclamaba garantizar la atención psicológica a las víctimas como servicio de atención primaria, no han salido adelante al ser votados por separado y contar con el rechazado del PP.

Y es que pese a que la socialista Noa Díaz avanzó su apoyo a estas demandas por considerar que se deben incrementar los fondos en esta materia, la popular Paula Prado ha justificado el rechazo a esta petición al afirmar que el «incremento de los presupuestos para la igualdad, no solo para la atención a las víctimas de violencia de genero, ya está garantizado por ley con una partida ampliable».

Además, ha argumentado que es «necesario abordar la igualdad de forma transversal, desde la educación, la prevención, la sensibilización y la atención, y no solo desde un punto de vista asistencialista».

PROTECCIÓN DE LOS MENORES VÍCTIMAS

En la sesión, además, la parlamentaria del PPdeG ha defendido otra proposición no de ley que pedía instar al Estado a cambiar la ley para «eliminar la situación de desprotección» en la que, en su opinión, se encuentran los huérfanos por violencia de género en determinadas situaciones.

La iniciativa ha sido enmendada tanto por el BNG como por el PSdeG, grupos con los que finalmente el PPdeG ha llegado a un acuerdo para sacar adelante un texto transaccionado. Así, la Cámara ha aprobado por unanimidad que la Xunta se dirija al Gobierno central para realizar «de forma urgente» las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la protección de los huérfanos en situaciones derivadas de la «no coincidencia del homicida con el padre» del descendiente o que el progenitor no esté en condiciones de asumir la manutención, entre otras.

El texto también reclama al Ejecutivo estatal una difusión activa de la existencia de este recurso y la realización de un estudio específico en Galicia sobre los casos de mujeres y menores a su cargo que fuesen víctimas de violencia de género para analizar su grado de inserción en la sociedad. Además, pide a la Xunta que refuerce las ayudas de indemnización económica dirigidas a los hijos menores de 30 años de las víctimas mortales.