La futura Ley reguladora de la Acción Exterior y Cooperación para el Desarrollo de Galicia, con la que la Xunta busca mejorar la posición internacional de la Comunidad autónoma, ha iniciado este martes su tramitación parlamentaria con el rechazo de las enmiendas a la devolución presentadas por BNG y PSdeG.

En el debate de la totalidad durante el pleno de la Cámara, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que este texto pretende establecer «una norma pionera» a través de la coordinación de toda la acción exterior, tanto la ejercida por la Administración autonómica, como la llevada a cabo por otros agentes.

Asimismo, ha señalado que contribuirá a reforzar la imagen exterior de la comunidad a través de la marca Galicia y haciendo especial hincapié en el Camino de Santiago mediante actividades de promoción con las que dar a conocer la comunidad como destino turístico.

En su intervención, Rueda ha explicado que en España solo hay «un precedente», el de la ley de Cataluña caracterizada por los «conflictos» con el Gobierno central. Frente a ello, ha señalado que la Xunta de Galicia optó por «hacer las cosas bien» a través de una texto legal «consensuado».

«Colaboramos desde el principio con el Ministerio de Exteriores y, al final, contamos con su visto bueno», ha sostenido Rueda, que ha dejado claro que el proyecto de ley de la Xunta «respeta los principios de unidad de acción en el exterior y la unidad constitucional». «Está presidido por la lealtad a la Constitución», ha subrayado para señalar también que cuenta con el informe favorable del Consello Galego de Acción Exterior y, por unanimidad, del Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento.

El vicepresidente de la Xunta ha resaltado que el Gobierno gallego da respuesta a los retos internacionales en un mundo cada vez más globalizado a través de una regulación actualizada. También ha indicado que pretende regular la participación gallega en la negociación de tratados internacionales, mejorar la atención de los gallegos en el exterior, consolidar la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y su proyección en los países de la lusofonía, y dotar a Galicia de un mayor protagonismo en la cooperación para el desarrollo.

Asimismo, ha apuntado que se trata de una ley transversal que regula acciones sectoriales en diversos ámbitos y que constituirá un marco general para proyectar la imagen de Galicia y captar inversiones, al tiempo que apuesta por la solidaridad al abogar por el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo.

DERECHOS DE LOS GALLEGOS EN EL EXTERIOR

Alfonso Rueda ha apuntado que velará por los derechos de los gallegos en el exterior, así como por facilitar su retorno a Galicia. Así, se crearán nuevas figuras novedosas para mejorar la atención a la diáspora gallega, como el ‘Asento de galegos no exterior’ con apoyo en las gestiones a distancia a los residentes en el exterior; o el ‘Asento de empresas e profesionais galegos’, para colaborar y aprovechar oportunidades de negocio. También se propone regular el ‘Rexistro de foráneos con intereses en Galicia’, que incluirá personas con un especial vínculo con Galicia.

Entre las actuaciones previstas, Rueda ha destacado la necesidad de defender los intereses en el mar en el exterior, con una política activa de acuerdos de la UE con terceros Estados no miembros para el aprovisionamiento de productos del mar y estimular acuerdos con estados no miembros de la UE para el acceso a sus aguas. También ha apelado a la importancia de la gestión de los fondos europeos a favor de Galicia, así como, en el ámbito económico, evaluar la implantación de medidas con las que mejorar la atracción de capital foráneo y promover la I+D+i.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, tanto BNG como PSdeG han presentado sendas enmiendas de devolución que no han salido adelante al ser rechazadas por el grupo mayoritario. En la sesión, el diputado del BNG Luis Bará ha considerado que el defendido por el vicepresidente de la Xunta es un texto «menor, raquítico, acomplejado y falto de ambición». «Si no fuese por la parte de la cooperación al desarrollo se quedaría en un simple decreto», ha asegurado.

Asimismo, ha censurado que se trata de un proyecto de ley «tutelado y sometido al control preventivo del Estado». «Expresa reiteradamente sumisión a Madrid», ha censurado Luis Bará, que ha sostenido que «no es la ley de política exterior a Galicia, es la ley de la acción exterior de la Xunta del PP».

El parlamentario del Bloque, que ha considerado que un texto de estas características «no debe ser proyecto de un partido, sino de un país», ha instado al Gobierno gallego a mantener una mayor altura de miras en esta materia y le ha hecho una serie de propuestas para mejorar el texto como dotar del «máximo rango» el departamento de relaciones exteriores, o la puesta en marcha de delegaciones permanentes en Madrid, Lisboa y Bruselas.

Por su parte, el diputado del PSdeG Pablo Arangüena ha considerado que se trata de una ley con buenas intenciones pero «que afronta los problemas de Galicia en el exterior con inmovilizo, auto complacencia y una visión extremadamente burocrática propia del siglo XX».

El dirigente socialista también ha situado el texto del PP como «ajeno a la realidad». «¿Cómo va a captar Galicia emigrantes especializados cando la juventud mejor preparada de Galicia tiene que marcharse fuera?», se ha preguntado.

Entre otras cuestiones, Arangünea ha criticado que la norma no contemple medidas para hacer a Galicia más competitiva en el ámbito mundial. «Está muy bien crear registros y censos de empresas residentes en el exterior, que es lo que haría una administración decimonónica, pero esto pasa de puntillas sobre cómo poner eso en red y aprovechar las sinergias del capital exterior, que es mucho y está infrautilizado», ha señalado.

RESPALDO DEL PP

Por su parte, el parlamentario del PPdeG Alberto Pazos ha felicitado a la Xunta por la aprobación de esta norma «con la que Galicia se va a convertir en la segunda comunidad autónoma en aprobar un instrumento legal que le permite utilizar todas las herramientas de acción exterior reconocidas en la normativa estatal».

Además, ha puesto en valor el hecho de que se vaya a convertir la primera en hacerlo «desde la lealtad institucional sin convertirla en un instrumento de confrontación y conflicto con otras administraciones».

Por último, ha llamado a los grupos a enriquecer el texto durante su tramitación. «Eso es lo que les pido», ha manifestado para rechazar la «actitud del no por el no».