El 20 de octubre, el Parlamento de Galicia constituyó por tercera vez en la última década la comisión de investigación para analizar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros y las causas y responsabilidades de su transformación en bancos, incluyendo las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos. La idea de los tres grupos es poner fin a los trabajos realizados en la IX y X legislatura y que siguen sin un dictamen, esto es, pendientes de conclusión, pero un mes después de que recibiese luz verde, ni siquiera se ha constituido.

Es más, falta documentación por aportar desde el inicio de la creación de la comisión y que el que fuera diputado de AGE y luego de En Marea Antón Sánchez, reclamó por la vía judicial. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dio la razón en el mes de junio y obligó a la Xunta a remitir el informe de la propuesta de fusión de las cajas y las actas de la reunión de secretarios xerais del Consello previa a la reunión en la que se autorizó la fusión.

Las cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, se fusionaron en el año 2010 en NovaCaixaGalicia, pero esta entidad acabó en un proceso de bancarización que la transformó en Novagalicia Banco en 2012, para acabar vendida la venezolana Banesco (en 2014) con un negocio que se desarrolla bajo la marca Abanca.

En rigor, se trata del cuarto intento de investigación, puesto que hay que remontarse al verano de 2012. Cuando ya se hablaba de las elecciones autonómicas, un pleno extraordinario celebrado el 2 de agosto aprobó la creación de una comisión de investigación de las cajas que no pasó de ahí, ya que se disolvió la cámara apenas unas semanas después para convocar elecciones gallegas.

En aquel pleno estaban en la tribuna del hemiciclo los mismos grupos que hay actualmente –PPdeG, PSdeG (como segunda fuerza) y BNG–, sin embargo solo pervive uno de los protagonistas de aquel debate, el que todavía es portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, quien también ejerció de principal voz en la comisión y al quien le fue encomendada la misión de redactar la ponencia.

En aquel debate, los representantes de la oposición –María José Caride por el PSdeG y Carlos Aymerich por el BNG– recriminaron a los populares que se habían pasado «nueve meses negándose» a dar este paso, mientras que el PP, que sostuvo en su día que era preciso acabar el proceso de recapitalización de la entidad nueva, afirmó que habría «transparencia», como quedó reflejado en las actas del diario de sesiones de entonces.

CONSTITUCIÓN EN LA NUEVA LEGISLATURA

Con la legislatura agotada y el nuevo arco parlamentario de cuatro grupos –con la irrupción de AGE en 2012–, el PP registró en noviembre de 2012 la creación de esta comisión, que arrancó los trabajos en la primavera de 2013 y celebró el grueso de las comparecencias en julio de ese año. De aquella fueron remitidas al Parlamento de Galicia más de una docena de archivadores con la documentación, entre ella, el análisis realizado por KMPG, que costó un millón de euros, y para el que la Xunta reclamó secreto de documentación.

Los informes de la comisión de las cajas acabaron en la conocida como sala del Estatuto del Pazo do Hórreo, a la que se plantó vigilancia parlamentaria para que no se sacase ningún papel de ella, pero el informe de análisis, que como se recoge en él se trata de un documento preliminar y no una auditoría, fue difundido por el de aquella Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda (AGE).

La legislatura llegó a su fin en 2016 sin que hubiese un informe y, cuando se retomaron los trabajos, en la siguiente, el diputado de En Marea –luego Grupo Común da Esquerda– Antón Sánchez decidió reclamar documentación que, según denunció, nunca llegó a la Cámara autonómica. Su condición de diputado obliga a que la Xunta le responda, pero al no recibir la información, decidió llevar la cuestión a la justicia.

En la anterior legislatura, volvió a crearse y tenía la misión de redactar el informe, pero no se llegó a concretar. Con el inicio de la XI legislatura y de nuevo PPdeG, BNG (ahora como segunda fuerza) y PSdeG aprobaron en el pleno el pasado 20 de octubre la creación de esta comisión, que ni siquiera se ha constituido, es decir, no se han llegado a designar los integrantes.

Esta comisión llegó después de un auto de la Audiencia Nacional en el que se sostiene, sobre la intervención del FROB relativa a las cajas de ahorro gallegas, que «la única razón» por la que tuvo que actuar «fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión». En ese mismo auto se añade que «Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia».

DOCUMENTACIÓN Y FALLO JUDICIAL

Concretamente, Antón Sánchez reclamó por la vía judicial, en 2018, la carta de encargo del informe de KPMG, el informe de propuesta de fusión de la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, para la aprobación de la fusión de las cajas –Caixa Galicia y Caixanova– y las actas de la reunión previa de secretarios xerais del Consello de la Xunta de este día de la aprobación de la fusión.

En junio de 2020, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó a la Xunta a entregar esta documentación por «vulnerar» los derechos de que entonces todavía era diputado.

Concretamente, el fallo judicial apunta que la Xunta fue «condenada por vulnerar el artículo 23 de la Constitución». La sentencia da por probado que la Xunta «ocultó información trascendental en el proceso durante años» y obliga a la Administración autonómica a entregar de inmediato a Antón Sánchez los documentos solicitados o, en su caso, facilitar su acceso a ellos.

El parlamentario sí recibió la carta de encargo, con anterioridad a la sentencia de junio, pero sigue sin contar con el resto de la documentación solicitada. La sentencia era recurrible, pero Vicepresidencia de la Xunta no lo hizo y se comprometió, cuando ya estaban convocadas las elecciones del mes de julio –que se habían aplazado– a entregar esta documentación, una cuestión que no ha cumplido.

La sentencia se convirtió en firme el 23 de octubre, al no haber sido recurrida y, según confirmaron fuentes de la Consellería de Facenda a Europa Press, fue notificada a la Administración autonómica con un oficio el 4 de noviembre. Desde entonces, la Xunta tiene un plazo de dos meses para cumplir con el fallo judicial del TSXG, lo cual todavía no se ha producido, sino el exdiputado podrá reclamar la ejecución por la vía judicial.