El Consello Económico e Social de Galicia (CES) ha advertido este viernes de que los proyectos que optan a fondos para la reconstrucción económica y social postcovid «no serán realidad» si no se desarrollan en base al «consenso» y la «priorización», y ha incidido en la necesidad de aprovechar la «oportunidad» de las ayudas para «modernizar» la administración y el tejido empresarial, aumentar los recursos destinados a innovación y reforzar el peso del sector industrial.

Así lo ha trasladado el presidente del CES, Agustín Hernández, durante su comparecencia en la comisión para la reactivación económica, social y cultural de Galicia tras la pandemia de COVID, en el Parlamento gallego.

Hernández ha incidido en que «es imprescindible el pacto y el consenso» para poner en marcha esa reconstrucción, y ha advertido de que «bajo ningún concepto» deben repartirse los fondos «con criterios estratégicos políticos», sino que el importante volumen de ayudas y lo ajustado de los plazos para ejecutarlas «exigen priorizar» aquellas iniciativas que se adecúen a los objetivos de sosteniblidad, transformación digital, etc.

A ese respecto, el presidente del CES ha subrayado que «es más importante alcanzar consensos que cualquier tipo de normativa» y ha alertado de que los proyectos «no serán realidad» sin ese acuerdo, o sin «participación, transparencia y priorización».

En ese escenario, ha puesto de manifiesto la importancia de la «colaboración público-privada» y del papel de la Xunta como «facilitadora» de las inversiones.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

En el ámbito de los sectores que deben beneficiarse de los fondos de recuperación, Agustín Hernández ha recalcado que Galicia debe apostar por aquellas áreas en la que puede tener ventaja competitiva, como el sector agroalimentario y forestal, el complejo mar-industria, la automoción, el naval, la logística y el transporte, el sector biotecnológico y sanitario, o los recursos hidráulicos.

En todo caso, ha señalado que las iniciativas de reconstrucción deben servir para «impulsar la transformación y modernización del tejido productivo», modernizar la administración para adaptarla al siglo XXI, aumentar la inversión en innovación y reforzar la política industrial para incrementar el peso de este sector.

Asimismo, ha recalcado que la crisis del COVID está poniendo de manifiesto la necesidad de «control y seguimiento permanente, escrupuloso y exigente» de los servicios públicos, y ha abogado por crear un órgano técnico independiente para evaluar las políticas e iniciativas.

Finalmente, ha hecho hincapié en la importancia de mejorar las infraestructuras ferroviarias y la intermodalidad, y ha proclamado que «toda la sociedad gallega» debe «priorizar» el apoyo a las inversiones en el Corredor Atlántico.

PAULO CARRIL

En la comisión de reactivación del Parlamento también ha intervenido este viernes el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, quien ha alertado sobre el «impacto» de la crisis del COVID en la clase trabajadora y en los colectivos más vulnerables, y ha lamentado que, en la gestión de la pandemia, «se ha primado el interés mercantil y el vigor de la economía por encima de la preservación de la salud y del bienestar de las personas».

En ese escenario, ha criticado que se quiera afrontar la reactivación económica y social con las mismas recetas que durante la crisis financiera de hace unos años: reformas laborales, recorte de servicios públicos y con un Estado español «cada vez más fanáticamente centralista y negador de la realidad plurinacional».

El secretario xeral del sindicato nacionalista ha expresado su «preocupación» porque los fondos europeos de reconstrucción se conviertan en «un plan de rescate a los Estados», que «exija recortes y nuevas reformas».

Frente a ello, la CIG ha planteado medidas basadas en la «concentración de recursos» en lo público, tomando decisiones «con todas las competencias», para poner en marcha una «salida gallega justa» a la crisis.

Entre las propuestas de la confederación sindical destacan la creación de una banca gallega, la nacionalización de industrias estratégicas, el desarrollo de una fiscalidad «justa y progresiva», el impulso a una «agenda propia de investigación», o la gestión pública de la sanidad y los cuidados.

En ese sentido, ha reclamado más recursos económicos y personales para la Atención Primaria y para la investigación, incremento de camas hospitalarias, y un sistema público de atención a mayores y dependientes, para evitar los «casos escandalosos» de gestión que se están viendo en las residencias geriátricas durante la pandemia.