La propuesta legislativa que ha impulsado el Grupo Popular, en coordinación con la Xunta, para reformar la ley de salud gallega aprovecha también para incorporar en su articulado la intervención pública de los centros de servicios sociales, singularmente, las residencias de mayores.

En el texto legislativo, recogido por Europa Press, incorpora un nuevo artículo 38 sobre la intervención de servicios sociales, para los casos de «riesgo inminente y grave para la salud de la población», como crisis sanitarias o epidemias.

En ese caso, señala el texto propuesto, la autoridad sanitaria autonómica competente, y «siempre atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad» y a la «situación de vulnerabilidad de las personas mayores, con discapacidad o de otras personas usuarias», podrá intervenir los centros de servicios sociales de carácter residencial, públicos o privados, y disponer distintas actuaciones.

Concretamente, el texto habilita a la Xunta a que «asuma o controle» la asistencia sanitaria de las personas residentes con el personal sanitario propio del centro; ordenar, por motivos de salud pública justificados, el alta, la baja, recolocación y traslado de las personas residentes a otros centros residenciales, «con independencia de su carácter público o privado». La adopción de estas medidas requerirá la colaboración «voluntaria» de las personas afectadas o, si no la hay, «la necesaria garantía judicial».

Además, a través de este texto, cuyas medidas fueron explicadas por el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, permitirá a la autoridad sanitaria «establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de centros residenciales» o modificar la capacidad u organización de los existentes.

La propuesta legislativa quiere habilitar a la Xunta para «supervisar y asesorar» en las actuaciones que lleve a cabo el personal sanitario y no sanitario, de ser el caso, del centro».

Además, «también se designará un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros», que «sustituirá plena o parcialmente» al personal directivo del centro, y que «pondrá disponer de los recursos materiales y humanos del centro residencial intervenido», así como «de los recursos vinculados a la actividad sanitaria asistencial que se les preste de forma habitual a las personas residentes en él».

APOYO AL CENTRO CON PERSONAL

En el texto también se recoge que podrá acordarse «un apoyo puntual al centros con personal, de ser necesario».

Finalmente, permite a la autoridad competente el uso de los centros residenciales para su utilización como espacios para uso sanitario.

INTERVENCIÓN TEMPORAL

La intervención, señala el texto legislativo, tendrá «carácter temporal» y su duración «no podrá exceder la necesaria para atender la situación que la originó».

De este modo, la autoridad sanitaria competente acordará, o bien de «oficio» o por «petición de titular del centro» el cese de esta intervención, para lo cual tiene que resultar «acreditada la desaparición de las causas que lo motivaron».

La intervención de un centro social se podrá realizar con la «urgencia que lo requiera el caso», sin necesidad de seguir un procedimiento administrativo específico y con independencia de las medidas provisionales que se puedan adoptar.

Deberá estar motivada, de forma científica y con los datos e información disponibles, y tener en cuenta el principio de precaución. Además, sobre las medidas que se adopten, la futura ley señala que deberán respetarse la dignidad de las personas, de forma que las medidas que se adopten deberán ser «lo menos intrusivas e invasivas» posible, para lograr «reducir al mínimo las molestias o inquietudes asociadas». La futura ley dice que «no se podrán ordenar medidas obligatorias que comporten riesgo para la vida» y se «deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen la libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualquier otro derecho afectado».

UNA DOCENA DE RESIDENCIAS INTERVENIDAS

La Consellería de Política Social, que dirige Fabiola García, ha intervenido una docena de residencias en lo que va de crisis sanitaria. Actualmente siguen en esta situación la Residencia de Salvaterra de Miño, la Residencia dos Gozos (Pereiro de Aguiar) y la Residencia Domusvi Ribadumia, a las que se ha sumado este jueves la Residencia Asilo de Vilalba.

Además, el departamento autonómico intervino, las siguientes residencias en esta crisis: Domusvi Cangas, Domusvi Barreiro (Vigo), Residencia El Portazgo (A Coruña), Residencia Nuestra Señora de Fátima (Barco de Valdeorras, Residencia Santa Teresa Jornet (A Coruña), Residencia do Incio, Residencia Domusvi Lugo (Outeiro de Rei) y Fogar residencial El Pilar (Culleredo).