El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, tras cuatro años de negociación repartidos en tres legislaturas. Su contenido deberá ser la guía de la futura reforma de las pensiones.
Las recomendaciones han sido aprobadas con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Junts, el PNV, Más País-Equo, UPN, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Foro Asturias, el PRC y Teruel Existe. Sólo han votado en contra los dos diputados anticapitalistas de la CUP, mientras que Vox, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Foro Asturias y el BNG han decidido abstenerse.
La renovación de este texto ha sido avalada en los términos aprobados por la Comisión, al rechazar el Pleno los votos particulares presentados por el PP, ERC, Cs, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG.
El acuerdo en el Pacto de Toledo pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.
Durante el debate celebrado este jueves en el Pleno del Congreso, al cual ha asistido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio, ha emplazado ahora al acuerdo entre Gobierno, organizaciones sindicales y patronales.
«Solamente con la suma de ambos consensos, político y social, podremos adoptar medidas eficaces que solucionen de forma duradera los importantes desafíos a los que se enfrenta hoy nuestra Seguridad Social», ha manifestado Valerio, que cree que este sistema «es y debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política».
«AHORA TOCAN LAS REFORMAS»
La portavoz socialista, Mercé Perea, ha reivindicado el nuevo pacto como «punto de encuentro» de los «diferentes modelos» defendidos por cada formación, pero ha dejado claro que supone la derogación ‘de facto’ de las «reformas neoliberales» y «marca líneas rojas» para rechazar un sistema de capitalización de pensiones privadas.
«Los grupos estamos de acuerdo en lo fundamental, en la defensa del ssitema público de pensiones, del cual nos sentimos orgullosos», ha celebrado Tomás Cabezón, portavoz del PP en la Comisión, señalando que llegar a acuerdos «requiere de mucha empatía y generosidad, a hacer renuncias y no a dar nada por sentado».
«Hoy aprobamos un marco. Ahora toca convertirlo en reformas y leyes, y para eso necesitamos que siga la presión en la calle», ha reivindicado Aina Vidal (En Comú), que junto a Meri Pita han reconocido no haber podido alcanzar todos sus objetivos. Es más, Pita ha señalado cómo militantes de su formación «hoy están decepcionados con el texto». «Comprendemos y encajamos esa decepción», ha conceddido.
Iñigo Barandiaran, del PNV, ha pedido que el Congreso «sea consciente del valor que tiene este acuerdo, mientras que Genís Boadella, de Junts, ha señalado cómo el Pacto de Toledo, aun con «diferencias ideológicas profundas», supone «una manera de entender la política».
«EL SISTEMA ES SOSTENIBLE, NO ESTÁN JUSTIFICADAS REFORMAS A LA BAJA»
El portavoz de Esquerra en la Comisión, Jordi Salvador, se ha mostrado «orgulloso» por «demostrar que el sistema es sostenible», lo que a su juicio acredita que «no están justificadas las reformas a la baja». Y es que, ha señalado, durante los trabajos de la Comisión se calculó que, de no haber dedicado a gastos impropios los excedentes del sistema, hoy tendría 519.104 millones, «más que suficiente» para afrontar cualquier dificultad presente o futura. Sin embargo, ha criticado que no haya «un plan de reposición dde lo que se ha saqueado».
«El sistema de Seguridad Social no es generoso. ¿Qué hay de generoso en pensiones de 400 euros?», se ha preguntado Iñaki Ruiz de Pinedo, rechazando que el sistema público de pensiones se enfrente a un «problema demográfico». «No es una cuestión demográfica, sino económica», ha aseverado.
Nestor Rego, del BNG, ha reconocido que le «gustaría votar ‘sí'», pero no es capaz hasta una derogación de las últimas reformas de pensiones, mientras que Isidro Martínez Oblanca ha justificado su abstención al consolidar la jubilación a los 67 años, algo que «desdeña la dureza de una prolongada vida laboral» y pese al elevado paro juvenil.
Finalmente, han votado en contra Vox y la CUP, estos últimos advirtiendo de que el informe «abre la puerta a recortes» que, han augurado, vendrán exigidos por la Comisión Europea a cambio de los fondos europeos, ha anticipado su diputado Albert Botran. «Si no hacemos reformas estructurales, nos vendrán impuestas desde fuera», ha secundado el diputado de Vox Pablo Sáez, que cree que el nuevo Pacto «es un engaño sobre la sostenibilidad del sistema».