El PPdeG ha sacado adelante gracias a su mayoría absoluta una iniciativa parlamentaria aprobada en comisión con la que la Cámara gallega reclama al Gobierno central el refuerzo de la ley contra las ocupaciones de viviendas y, en concreto, que se habilite la posibilidad de que las fuerzas del orden procedan al desalojo en un plazo de 12 horas desde la denuncia.

La proposición no de ley ha sido aprobada en la Comisión 6ª del Parlamento de Galicia celebrada este miércoles y en la que los grupos de la oposición acusaron a los populares de hacer «demagogia» con una problemática que creen «aumentada» por los partidos «de derecha». El BNG ha votado en contra y el PSdeG se ha abstenido.

En concreto, la iniciativa aprobada insta al Gobierno central a «reforzar» las medidas legilslativas para proceder al desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente para que puedan llevarse a cabo en un plazo de 12 horas desde la presentación de la denuncia, así como a modificar el artículo 245 del Código Penal para «adaptar el tipo penal de usurpación a la situación actual».

Además, según el texto, el Parlamento también solicita que se acometan las reformas para la celebración de juicios rápidos en menos de 48 horas y se prohíba que las personas que ocupen de forma ilegal una vivienda a que puedan empadronarse en esa dirección.

La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada del PPdeG Paula Prado, que ha defendido que traer esta iniciativa supone estar «al lado de los problemas reales de la gente» frente «a las acusaciones de crear un problema donde no lo lay» que han sido lanzadas por los grupos de la oposición.

«Cada vez son más los que sufren los delitos de usurpación de vivienda», ha señalado Prado, que ha instado a los diputados de BNG y PSdeG a «coger cualquier periódico» para «ver noticias todos los días» acerca de casos de ocupación, un problema que «afecta a toda España» pero «a Galicia particularmente».

Además, tras asegurar que «algunos» de los protagonistas de ocupaciones «se pasean» en coches de alta gama, con lo que ha querido desligar estas situaciones a personas con falta de recursos económicos, Prado ha puesto el acento en los «problemas» derivados que, dice, acarrea la ocupación de viviendas en las zonas donde se producen, con «conflictos en los barrios», «agresiones físicas y sexuales» y «todo tipos de problemas de inseguridad».

«No consideramos que haya los mecanismos jurídicos suficientes para proteger a los propietarios», ha dicho Prado, que ha denunciado que «la lentitud» en los procedimientos de primera instancia lleva a que los procesos de recuperación se dilanten en el tiempo.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

«Un premio Pullitzer no va a recibir, pero igual le da para una película de esas de domingo por la tarde», ha espetado la diputada socialista Paloma Castro en su turno de intervención durante el debate de una inciativa que ha encuadrado en lo que considera «una campaña de miedo de la derecha» que pretende «hacer creer que hay un problema de ocupación».

Para la socialista, el PP trata de «magnificar» este problema en todo el país «por intereses políticos» y «también económicos», pues, dice, «detrás de esto están las grandes empresas de este país» en los negocios inmobliarios y también de los sistemas de seguridad.

Por su parte, el parlamentario del BNG Iago Tabarés, que ha advertido que un total de 226.000 personas se encuentran en riesgo de exclusión social severa y que la vivienda constituye «la primera causa» para llegar a esta situación.

Además, ha señalado que la ocupación de viviendas constituye un problema «cualitativo» pero no «cuantitativo» y, como ejemplo de ellos, ha recordado que en Ourense el número de ocupaciones «se multiplicó por 100» a finales del pasado año al pasar de una a dos viviendas ocupadas en una ciudad de casi 100.000 habitantes.

NUEVO JUZGADO EN VIVEIRO

En otro orden de cosas, en esta comisión se ha aprobado por unanimidad una propuesta del BNG –transaccionada con el PP– que pide la creación de un nuevo juzgado en Viveiro (Lugo) cuando a criterio de la comisión mixta entre el Tribunal Superior de Xustiza y la Xunta «existan las condiciones objetivas de la necesidad» para ello.

Esta propuesta defendida por Daniel Castro (BNG) busca reducir la demora en la incoación de asuntos civiles con la creación de este tercer juzgado en el partido judicial de Viveiro.