Para hacer frente al reto del cambio climático, la Xunta cree necesario «establecer un instrumento de financiación suficiente, bien proporcionado y de ejecución ágil» que tenga en cuenta las características particulares de la Europa de las Regiones a la hora de «reconocer las dificultades de las mismas para conseguir los objetivos fijados en esta materia a medio plazo».

Esta ha sido la postura que ha defendido este lunes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante una reunión telemática con el fin de preparar y fijar la posición común que presentarán las comunidades ante el Consejo Consultivo de Política Medioambiental para Asuntos Comunitarios del próximo viernes, 23 de octubre.

Así, la responsable gallega de Medio Ambiente ha recordado que la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía (EGCCE), aprobada por la Xunta la finales del año pasado, es un documento acorde con los objetivos europeos que fijan para el año 2050 el cumplimiento de la neutralidad climática.

En todo caso y para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, la Xunta considera que establecer por ley la necesidad de este instrumento financiero «debería garantizar que los presupuestos europeos reconozcan y tengan en consideración las dificultades que cada país, región y municipio tienen» para planificar sus estrategias de cara a la consecución del objetivo de la neutralidad climática.

En este sentido, Ángeles Vázquez ha considerado «muy acertado» que la posición común que defenderán las comunidades ante el Ministerio incida en el hecho de que no se haya contado lo suficiente con la opinión de las regiones a este respecto. Por eso, ha insistido en la importancia de que este defecto se pueda corregir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), convirtiéndolo en un «verdadero instrumento de vertebración» con la «flexibilidad» suficiente para que todas las comunidades y entidades locales del país puedan contribuir a los retos comunes en materia de clima y energía.

Por último, la conselleira también ha compartido con sus homólogos la necesidad de que el Gobierno central actúe ante las instituciones europeas como un verdadero moderador y catalizador de la información, de suerte que las comunidades la reciban «de forma adecuada» y, a la vez, la UE «se muestre sensible y receptiva a las características particulares de cada una de ellas».