El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha considerado «muy grave» que partidos políticos apoyen manifestaciones que buscan «presionar» o «mismo amenazar» a los tribunales.
Así se ha pronunciado, preguntado tras un acto en Dozón (Pontevedra), sobre la presencia de representantes del BNG y Anova en la manifestación celebrada este domingo en Santiago en apoyo a los 12 independentistas gallegos que juzgará la Audiencia Nacional por supuesto enaltecimiento del terrorismo en un caso que procede de la denominada ‘Operación Jaro’.
A este respecto, Alfonso Rueda ha recordado que desde este lunes se celebra un juicio, por lo que ha señalado que «la que se tiene que pronunciar es la Justicia». «Yo, desde luego, lo que no voy a hacer, ni va a hacer la Xunta, es descalificar a los tribunales, como escuché ayer que se hacía con calificativos muy gruesos», ha recalcado.
En este sentido, ha incidido en que los delitos de los que se acusa a los 12 independentistas gallegos son «muy graves» y ha llamado a «dejar que hablen los tribunales», que no deben «recibir ninguna presión».
Además, el vicepresidente primero de la Xunta ha lamentado que haya partidos que crean que, cuando se va a celebrar un juicio, «lo que hay que hacer es insultar, amenazar, presionar al tribunal». Por este motivo, ha considerado que «se retratan por sí mismos» y representan «todo lo contrario a lo que debería ser un entendimiento democrático».
En esta línea, Rueda ha remarcado que «no se puede admitir» que partidos políticos apoyen manifestaciones en las que se «falta al respeto» y se «intenta presionar» y «mismo amenazar» a los tribunales que van a juzgar a los acusados.
En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza a juzgar desde este lunes a una docena de miembros de las organizaciones Causa Galiza y Ceivar, que se enfrentan a penas de cárcel que oscilan entre cuatro y 12 años por «ensalzar» y «justificar» el ideario de la organización terrorista Resistencia Galega. La Fiscalía pide además que se disuelvan ambas entidades independentistas.
