El alcalde de Vigo, Abel Caballero, consultará con los servicios jurídicos del Ayuntamiento para saber si el dictamen del Consello Consultivo sobre la tramitación de multas por incumplir las normas antiCOVID es «garantía jurídica suficiente» para que se puedan tramitar esas sanciones por parte de la administración local.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el regidor, quien ha apuntado que todavía no conoce esa resolución, y ha asegurado que la Xunta pidió al Consultivo pronunciarse a raíz de su reclamación de las últimas horas.

A ese respecto, Abel Caballero ha reiterado sus palabras de este miércoles, asegurando que el Ayuntamiento necesita «una norma o aval jurídico» para poder tramitar esas sanciones. «Nosotros queremos cooperar, pero no hay norma que lo avale. Parece que ayer la Xunta, en base a mi petición, hizo una consulta al Consello Consultivo», ha aseverado.

«Sería muy grave tramitar sanciones y que las invalidaran los tribunales. Es una obviedad que es competencia de la Xunta, otra cosa es que hubiera una norma que nos habilite a los ayuntamientos», ha afirmado, y ha insistido en que «cuando tenga» la resolución del Consello Consultivo la analizará con los servicios jurídicos municipales. «Yo estaría encantado si los jurídicos me dicen que con ese dictamen es suficiente», ha asegurado.

El alcalde ha reiterado que está «en el terreno de la cooperación, cualquiera que sean los errores de Feijóo (en la gestión de la pandemia), que los hay». «Pero no me van a encontrar haciendo de eso un tema de discusión (…), opto por la cooperación total, porque lo más importante es la salud de la gente», ha proclamado.

RESPUESTA DE LA DELEGADA DE LA XUNTA

Con respecto a las declaraciones del regidor, la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha puntualizado que el dictamen del Consello Consultivo se ha elaborado a instancias del presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, «una decisión que se comunicó al presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias la semana pasada».

Así, el informe se pidió el pasado 6 de octubre y el Consello Consultivo se ha pronunciado este miércoles. En su dictamen, ha recordado la delegada, establece que los ayuntamientos son competentes «para incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores relacionados con incumplimientos de las restricciones sanitarias vigentes para frenar la pandemia de COVID-19».