Los ayuntamientos son los que tienen las competencias para incoar y sancionar las infracciones por las restricciones derivadas de la situación epidemiológica. Así, las administraciones locales tendrán que aprobar una ordenanza municipal.

Así lo ratifica el Consello Consultivo a raíz de la consulta que elevó la Xunta la pasada semana, tras reunirse con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y después de que la propia asesoría jurídica de la Administración autonómica se pronunciase ya en este sentido.

El informe del Consello Consultivo señala que los alcaldes y alcaldesas «ostentan la competencia para la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus», tanto las que establece el Estado como las de carácter autonómico.