El Gobierno gallego ha cifrado en 162 millones de euros la inversión realizada en los centros educativos para emprender las acciones de refuerzo y adaptación ante la COVID-19, entre ellas la realización de desdobles o al dotación de materiales o equipos tecnológicos.

La mayor parte de este montante se ha dedicado a la contratación de profesorado y a recursos humanos. En concreto casi 94 millones de euros, de los que 58 están vinculados principalmente a los desdobles practicados en los centros.

Unos 43,5 millones de euros se han dedicado a la dotación tecnológica, instalación de elementos de seguridad y la realización de obras, mientras que 25 han sido para refuerzo de servicios de comedor escolar o limpieza.

Así lo ha destacado el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, durante su comparecencia en la Cámara gallega para informar sobre el arranque del presente curso escolar en un momento totalmente marcado por la pandemia sanitaria y la necesaria adaptación del sistema educativo a los protocolos de seguridad.

REFUERZO EDUCATIVO

El titular de Educación ha defendido que esta «potente» inversión ha permitido reforzar los recursos docentes en los centros. En concreto, en ESO, Bachillerato y FP, se contrataron 260 por incremento de la oferta educativa y 847 para cumplir con las directrices de seguridad relacionadas con la pandemia.

En Infantil y Primaria, por su parte, se incorporaron 240 para el desdoble de aulas. Asimismo, se han contratado 543 nuevos profesores de apoyo –221 para primaria y 322 para ESO– a través del programa de refuerzo educativo Arco.

Otro de los ejes de esta acción se ha centrado en la dotación de recursos tecnológicos, con 9,4 millones de euros a través del plan de contingencia para la enseñanza no presencial o semipresencial, con cerca de 55.000 dispositivos en préstamo, 34.000 a través de E-Dixgal y otros 20.000 ordenadores para el alumnado más vulnerable.

EL «PECADO ORIGINAL»

Gran parte del argumentario esgrimido por el titular de Educación ha sido para culpabilizar al Estado tanto de los cambios de criterios en los protocolos de seguridad, y que han provocado los problemas del arranque del curso en secundaria, como del «injusto» reparto de los fondos a las comunidades autónomas.

Por un lado, ha censurado los criterios utilizados para distribuir los llamados os fondos COVID por parte del Gobierno central, unos 93 millones que ha incluido en la inversión ejercida para el refuerzo de las medidas ante el coronavirus. En concreto ha acusado al Estado de dejar a Galicia más de 36 millones de euros, al no tener en cuenta el conste de la prestación de servicios, como el transporte escolar.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez de generar los problemas registrados en el inicio del curso a partir de lo que ha denominado como «el pecado original»: el cambio de criterio para la distancia de seguridad a los 1,5 metros en secundaria en la reunión sectorial del 26 de agosto.

Este cambio, señala, afectó a la planificación del curso en los términos en los que los centros trabajaron durante todo el verano, con un metro de separación a partir de educación secundaria, y que así se había plasmado en el protocolo autonómico difundido por la Xunta en julio.

DIÁLOGO

En contraposición, ha defendido el diálogo emprendido desde la Consellería de Educación con los servicios de inspección, el consello escolar de Galicia, los directores y las ANPAs, para poder adaptar la organización a la realidad, y que llevó a tomar decisiones como el retraso del curso en secundaria y bachillerato y FP debido a que «era imposible objetivamente» ante las nuevas medidas del Gobierno central.

Un diálogo, ha señalado, que también ha permitido el desarrollo de protocolos específicos para comedores, atención a la diversidad y otra serie de instrucciones que se seguirán implantándose en las próximas semanas, como el de actividades extraescolares, entre otras medidas.

LOS «BANDAZOS» DE LA XUNTA

Los grupos de la oposición, por su parte, han reprochado los «bandazos» de la Consellería en la organización del curso escolar, mientras que Ovidio Rodeiro, del PPdeG, ha defendido el trabajo de planificación realizado por la Xunta frente a la falta de previsión del Gobierno central.

Luis Álvarez, del PSdeG, ha criticado la indefinición de las medidas de seguridad y ha acusado a la Xunta de manipular y utilizar las cifras de profesores para «engordar» los titulares.

«Hay demasiadas preguntas abiertas y demasiadas preguntas sin respuesta», ha advertido, ante la falta de transparencia para determinar el reparto de medios y ordenadores entre los alumnos.

Respecto a los protocolos de actuación, ha incidido en el retraso en la implantación de las instrucciones para adaptarse a la COVID-19 y en la disponibilidad de recursos humanos, lo que ha dificultado el papel de los centros para organizar el curso.

DESCONEXIÓN

Manuel Lourenzo, del BNG, ha recordado a Educación que la OMS ya recomendaba en julio la separación interpersonal de 1,5 metros y ha criticado la «autocomplacencia» y «desconexión de la realidad» de Román Rodríguez.

También ha criticado la utilización del profesorado del programa ARCO para inflar las cifras de refuerzo por la COVID, y ha advertido de que los centros cuentan con problemas «gravísimos» de personal, especialmente para atender las necesidades de limpieza, ironizando con la dejación de funciones de la Xunta dejando la responsabilidad en los ayuntamientos.

«Me recuerda a lo que decía Quino. Le decía Felipe a Mafalta: no dejes para mañana aquello que puedas empaquetarle a otro el día de hoy», ha insistido.