La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha comparecido este martes en el Parlamento de Galicia para presentar ante los grupos su Memoria correspondiente al año 2019, ante la cual la oposición –BNG y PSdeG– ha coincidido en afear la «poca colaboración» que mantiene la Xunta con la institución.

«A algunas consellerías hay que insistirles frente a los requerimientos», ha censurado la socialista Isaura Abelairas durante su intervención, tras la cual el diputado del BNG Daniel Castro ha alertado contra el «número importante» de recordatorios de colaboración –un total de 36– emitidas por el Valedor hacia la Administración gallega a lo largo del año.

Por eso mismo, el parlamentario nacionalista ha instado a Fernández Galiño a «exigir un mayor grado de responsabilidad» a las instituciones autonómicas.

El informe anual correspondiente a 2019, presentado a principios de septiembre, refleja que el número de quejas tramitadas por el Valedor do Pobo descendió casi un 70% al cursarse 6.250, en comparación a las 20.807 gestionadas en 2018.

Por áreas, destaca el aumento de las presentadas ante acciones del departamento de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta, que aglutinaron el 29,63% (1.561) de los 5.270 expendientes que afectan a la Administración autonómica. Con todo, Política Social es la consellería con más quejas con 1.598 (30,33%), seguida por Infraestruturas e Mobilidade, Mar –815 (15,47%)– y Sanidade –494 (9,37%)–.

María Dolores Fernández Galiño, designada valedora a mediados del pasado año tras la dimisión de Milagros Otero, ha comenzado su intervención en la Cámara expresando las «condolencias» de la institución hacia los fallecidos que deja en Galicia la pandemia del coronavirus y a sus familias, y con palabras de «apoyo» a las personas que contrajeron la enfermedad y a quienes ejercen labores de cuidado.

Seguidamente, ha pasado a desgranar su trabajo a lo largo del año 2019, en el que puso en marcha, tras acceder al cargo, un decálogo que se enmarca en la «promoción y defensa de los derechos de las personas» en diferentes ámbitos, entre ellos el feminismo.

IGUALDAD DE GÉNERO

En este sentido, ha subrayado que el pasado año mantuvo numerosas reuniones con colectivos de mujeres y celebró «otros actos públicos» en defensa de la igualdad, además de iniciar «actuaciones de oficio para garantizar los derechos de las mujeres en el acceso a la justicia». Por todo ello, ha recordado que la institución fue galardonada con el premio ‘Meninas’ 2019, entregado por la Delegación del Gobierno en reconocimiento a su lucha contra la violencia de género.

La valedora también ha reivindicado su trabajo en denuncias de agresiones contra el colectivo LGTBI y en la lucha contra la discriminación de la pobreza. Precisamente, la institución que dirige contó con la asistencia, a principios de año, del relator sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, durante un acto de la Rede Galega contra a Pobreza.

En materia de normalización lingüística, Fernández Galiño ha garantizado que «trabaja intensamente» por el idioma gallego «interviniendo incluso ante empresas y entidades privadas». Además, ha dado el dato de que, de las 48 quejas recibidas en este sentido, 24 fueron a instancia de A Mesa pola Normalización Lingüística o del Observatorio de Derechos Lingüísticos.

LOS GRUPOS FELICITAN SU «COMPROMISO» FEMINISTA

Tras su discurso, la valedora do Pobo se ha dirigido a una sala anexa al hemiciclo –normalmente seguía el debate desde la bancada de invitados, que permanece cerrada por prevención frente al coronavirus– para escuchar a los grupos, que han coincidido en felicitarla por su «compromiso» con la igualdad de género.

Sin embargo, la oposición ha puesto el foco no solo en la «falta de colaboración» de la Administración con el Alto Comisionado del Parlamento, sino en que cais el 90% de las quejas recibidas afectan a la Xunta.

«Algún problema, aunque sea mínimo, tendrá que haber», ha ironizado Daniel Castro (BNG), quien no ha pasado por alto que las consellerías «más afectadas» son aquellas «que tienen relación más directa con el bienestar de los gallegos», como Política Social y Sanidade. En este contexto, el diputado nacionalista ha puesto el foco en la «necesidad de aumentar las plazas» de residencias de mayores en Galicia.

En esta misma línea se ha pronunciado la socialista Isaura Abelairas, quien ha lamentado la «nefasta gestión» de la pandemia en estos centros, mientras ha aprovechado para criticar que el PP negase una comisión de investigación en el Parlamento sobre este ámbito y a trasladar a la valedora la «obligación» de su institución en velar por las personas mayores.

La diputada del PSdeG también se ha mostrado preocupada porque, en el ámbito laboral, «una de las principales fuentes de queja» fue el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ante lo cual ha pedido a Fernández Galiño que «eleve el tono» sobre la eventualidad de los contratos.

UN INFORME SOBRE OKUPACIONES

Por su parte, Paula Prado (PP), además de celebrar que Fernández Galiño «haga grande» a la institución del Valedor por su lucha «contra cualquier tipo de discriminación», ha solicitado que realice un «informe extraordinario» sobre las okupaciones ilegales de vivienda, «algo que no se puede permitir en un estado de derecho».

Según la diputada popular, los datos «son alarmantes» a la vista que, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, Galicia es la comunidad autónoma «de mayor incremento» de las denuncias en este 2020. Al respecto, Prado ha explicado que las okupaciones registradas «no son fruto de una necesidad social y no deberían serlo», sino que son cometidas por «mafias» que convierten este fenómento «en un negocio» y «utilizan a población vulnerable».

Así, tras destacar las ayudas de la Xunta en materia de vivienda, como el ‘bono de alugueiro social’, ha lamentado que se «desconozcan los recursos habitacionales» que ponen a disposición de la población las grandes ciudades de Galicia.

Por todo ello, Paula Prado ha instado a la realización de un informe extraordinario que recoja, entre otros aspectos, un mapa de los ayuntamientos donde más okupaciones se registran, un análisis de las «dramáticas consecuencias» que conllevan para los propietarios y para las personas en riesgo de exclusión social, así como un diagnóstico sobre «la suficiencia o insuficiencia» de las normas vigentes para luchar contra este fenómeno.