La alcaldesa de O Porriño (Pontevedra), la socialista Eva García de la Torre, declarará este lunes en los juzgados de esta localidad, investigada por supuesta prevaricación administrativa, según han confirmado fuentes judiciales.

En este procedimiento, que se sigue en el juzgado de instrucción número 2 de O Porriño, están también investigados el que fuera edil de Vías y Obras, Manuel Carrera (del partido UDDL y antes en el PP), un exconcejal socialista de Limpieza, Orlando Márquez, varios empresarios y dos asesorías.

La investigación se remonta a varios años atrás y, de hecho, se abrieron varios procedimientos por diversas denuncias, entre ellas algunas del PP. Las causas fueron unificadas y se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios como limpieza viaria, desbroces y jardinería, así como otros posibles delitos relacionados con la emisión de facturas por servicios al Ayuntamiento.

Así, la Fiscalía inició diligencias de investigación por supuesta contratación irregular de servicios de desbroce y limpieza viaria entre 2016 y 2017, e interpuso denuncia. Sin embargo, tras meses de diligencias (entre ellas el interrogatorio a la regidora), en marzo de este año el Ministerio Público solicitó al juzgado ampliar los hechos objeto de investigación al ejercicio de 2018.

En ese sentido, se analizan también otros posibles delitos, como la falsedad documental o tráfico de influencias (uno de los investigados figuró en las listas del partido UDDL, y también se investiga a su mujer, su hermano y su sobrina).

En próximos días, además de la alcaldesa de O Porriño, se ha citado a declarar a un empresario como investigado (Manuel Carrera y Orlando Márquez ya declararon) y a varios testigos, entre ellos el secretario municipal y un exinterventor.

CONTRATOS «VERBALES» Y FRACCIONAMIENTO

Precisamente el secretario, a petición de la Fiscalía, elaboró en su día un informe en el que constataba las irregularidades en la contratación de los servicios de desbroce y limpieza, y en el que apuntaba que esa contratación se hacía de forma «verbal», directamente por la alcaldesa o el concejal de Limpieza (Márquez).

También señalaba este funcionario que, pese a ser advertidos expresamente, los responsables políticos mantuvieron ese sistema, sin trámites previos de adjudicación y sin que se verificase que los trabajos contratados eran realmente ejecutados, y recurriendo al fraccionamiento de contratos para eludir los procedimientos de concurso.

Además, el secretario iba más allá y determinaba que la alcaldesa tenía una clara intención de no sacar a licitación los servicios y «perpetuar» en el tiempo ese modelo de contratación verbal, «nulo de pleno derecho».

Las presuntas irregularidades referidas por el secretario afectaban a facturas por más de 2 millones de euros pero, dado que las investigaciones se han extendido en el tiempo, esa cantidad ha aumentado y fuentes conocedoras del procedimiento estiman que podría rondar los 5 millones de euros.

«IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS»

En su día, la regidora admitió públicamente que podría haber irregularidades administrativas, pero no prevaricación, y justificó ante la Fiscalía la adjudicación de los contratos por la necesidad de que O Porriño tuviera esos servicios mientras no se terminaba el procedimiento para hacer una licitación.

Manuel Carrera fue concejal de Vías y Obras en el anterior mandato municipal pero, tres meses antes de las últimas elecciones locales, la regidora lo cesó, junto a otro edil de UDDL, por «ineficacia y deslealtad».

Curiosamente, tras las elecciones de mayo de 2019, García de la Torre llegó a un acuerdo con Carrera para que le diese su voto en la investidura, necesario para que pudiera repetir como alcaldesa. Poco después, el concejal de UDDL fue nombrado cargo asesor en el grupo provincial del PSOE en la Diputación de Pontevedra.