La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha abierto un periodo para que las comunidades autónomas presenten sus propuestas al Plan de Choque en Dependencia, después de que este jueves, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, lo haya presentado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Así, se ha acordado abrir este «proceso de diálogo» para que las CCAA puedan realizar sus aportaciones y «consensuar» el texto que finalmente será aprobado por el Gobierno «en dos o tres meses», según fuentes conocedoras de la reunión consultadas por Europa Press.
El Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, contará con un refuerzo económico de 600 millones de euros y pretende reducir de forma «sustancial» la lista de espera de la dependencia, formada actualmente por unas 270.000 personas que no están recibiendo la prestación que les corresponde.
Durante la reunión, Pablo Iglesias ha afirmado que este plan «tiene la capacidad de actualizar el Sistema y mejorar la atención y financiación, para que la atención a la dependencia sea, por fin, un derecho realmente efectivo en España».
Entre otras novedades, el plan contempla establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas estableciendo cuantías mínimas e incrementando las máximas, así como ampliar las compatibilidades entre las Prestaciones y Servicios.
Asimismo, plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación, analizar y revisar el actual modelo de copago, o reconocer la aportación de las Entidades Locales y reconsiderar su papel en el SAAD. El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023).
