Los grupos de la Cámara gallega han intensificado este lunes sus reclamaciones para que haya una solución para la fabricación de aluminio primario en A Mariña después de que fracasasen las negociaciones para la venta de Alcoa. Preparan un posible escenario de frente común de las fuerzas políticas, una escenificación que el PSdeG quiere que llegue con una llamada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a los demás partidos, mientras que el BNG anuncia una carta dirigida a la Xunta y al presidente Pedro Sánchez para que se «nacionalice» la fábrica.

En sendas ruedas de prensa, las tres formaciones políticas con representación en el Pazo do Hórreo se han colocado al lado de los trabajadores, que este domingo protagonizaron una nueva manifestación a horas de que expirase el plazo para la venta de la factoría.

Así, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado que Alcoa es la «única factoría que produce aluminio primario» y la situación actual es «decepcionante». «Entendemos que hay un marco (legal) para llegar a acuerdos entre las empresas», ha señalado Puy, quien ha asegurado que «no es de recibo» la situación actual.

El dirigente popular ha incidido en que «hay que poner por delante» los intereses generales y de la propia economía española, no solo por el impacto en el empleo, por lo que ha defendido que el Gobierno de España y la Xunta «deben continuar trabajando juntos». En este sentido, ha recordado que también es relevante que haya un marco electrointensivo que permita la actividad de esta industria.

«Seguiremos tratando de ser constructivos y leales con quien busca una solución», ha remarcado el portavoz popular en la Cámara gallega, quien ha hecho hincapié también que «no se puede pagar más del doble» por el precio de la electricidad que en países como Francia y Alemania y quien ha advertido de las consecuencias para otras empresas como Celsa, Xeal o Alu Ibérica.

«Esperamos que se clarifique cuanto antes», ha manifestado Puy Fraga, quien ha considerado, a la pregunta de si apuesta por una intervención de la empresa, que «hay que analizar todas las opciones sin descartar ninguna». «Todo lo que esté dentro del marco vigente, recuerden que el propio presidente de la Xunta contempló esta posibilidad», ha apuntado, antes de insistir en que «hay que analizar todas las posibilidades para garantizar el empleo de Galicia».

En todo caso, el portavoz del Grupo Popular ha apelado a la «prudencia» sobre las posibles soluciones y a «no descartar ninguna», con el objetivo de «darle la continuidad a la factoría de Alcoa». Puy tampoco «descartó» ningún contacto con los grupos de la oposición, como pidieron tener PSdeG y BNG para hacer frente común.

El portavoz popular también se mostró «seguro» de que las dos administraciones «encontrarán una solución, sin descartar que haya un acuerdo entre las dos empresas» que han negociado la venta de la empresa en las últimas horas.

NACIONALIZACIÓN

Para el BNG la solución pasa por la nacionalización de la empresa, como ha reiterado su portavoz nacional, Ana Pontón, en la rueda de prensa de este lunes. Esta reclamación es «viable y legal», ha insistido la dirigente nacionalista, quien lleva meses apostando por esta solución para dar «viabilidad» a la fábrica y quien, en esta ocasión, apeló a que la propia Alemania y Portugal han nacionalizado empresas en el contexto de la pandemia, algo que está recogido –añadió– en los epígrafes del fondo covid.

Pontón reclamó una «solución política» ante el «futuro muy negro» que se visibiliza para la comarca. Por ello, ha explicado que enviará una carta este lunes a los presidentes del Gobierno gallego y central, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, para pedir esta intervención pública y «garantizar la única fábrica de aluminio primario».

Además, ha señalado que Feijóo y Sánchez «deben sentarse en la mesa para concretar cómo van a actuar». Pontón se ha mostrado segura de que si la fábrica estuviese en Madrid y no en Lugo, ya habría una solución diferente encima de la mesa.

La diputada nacionalista ha hecho un «reconocimiento al inmenso trabajo» de los trabajadores de la fábrica y ha enfatizado que «no se puede dejar caer el empleo y la actividad económica» en esta comarca, cuando hay «una alternativa legal posible» y en otros países se consiguió «con éxito».

Por ello, ha reclamado que Xunta y Gobierno central «se pongan mano a mano y den respuesta inmediata» a los trabajadores. «Esa respuesta es una intervención pública, una nacionalización», ha dicho, porque «ninguna mano especulativa va a garantizar el futuro del empleo».

Pontón, que ha dicho que si la llama el presidente gallego el BNG «se sentará» a hablar, ha simplificado en una pregunta. «¿Vamos a seguir produciendo aluminio primario en Galicia sí o no?», ha preguntado, antes de contestar que por ello envía esta carta este lunes a ambos dirigentes, para que «no pierdan el tiempo, se sienten y salven el empleo en A Mariña».

DESTACA LA «MALA FE»

En su intervención, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha incidido en la «mala fe» de Alcoa en la «ruptura» de las negociaciones y de otro inversor para un proyecto «viable». Además, ha destacado la actuación del Gobierno central en la búsqueda de una solución, inclusive en la compra por parte de la SEPI de la fábrica para luego venderla al comprador Liberty House.

En este sentido, Caballero ha advertido que hay que revisar las subvenciones «millonarias» que haya recibido la empresa a lo largo de los años, así como reclamarle la reposición medioambiental en A Mariña. Además, ha advertido de que hay «indicios de fraude» por parte de la empresa.

Caballero ha considerado que «es hora de que la Xunta y el Estado trabajen para dar toda la presión a Alcoa, que actúa de mala fe y hay indicios de que pueda estar trabajando con intereses de parte». En este sentido, también defendió «presionar» a la empresa para que devuelva las ayudas «millonarias» que ha recibido en el caso de que se pueda confirmar esa forma de actuar.

Caballero ha tendido la «mano» al presidente de la Xunta porque «no es momento más que para trabajar conjuntamente». Así, ha pedido que convoque a una reunión de trabajo con los líderes de los partidos con el fin de diseñar una «hoja de ruta» conjunta y trabajar en un «gran frente común».

Preguntado por si debería el Estado ir a una intervención pública, ha defendido «seguir explorando todas las vías de acción posibles» y ha indicado que el Gobierno central está «contemplando todas las formas de intervención y presión legalmente posibles».