La primera comisión parlamentaria de la legislatura ha concluido sin acuerdos entre los grupos en ninguna de las temáticas que han sido llevadas, una de ellas, el protocolo de adaptación de centros educativos entre la Xunta y la Fegamp.
La iniciativa partió del PSdeG, cuya diputada Begoña Rodríguez Rumbo quería que el Parlamento instase a la Xunta a acordar con la Fegamp un protocolo de adaptación al contexto de la covid en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para este curso, «con el establecimiento de medidas y la financiación necesaria para que los ayuntamientos gallegos puedan hacer frente a las medidas contempladas».
Rodríguez Rumbo, en su intervención, censuró que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «responsabilizó de las consecuencias» al Gobierno central durante el estado de alarma y, una vez que ha recuperado la gestión, «vuelve a cargar contra el estado para enmascarar su incompetencia». «¿Dónde está el presidente de la Xunta?», se ha preguntado, antes de sentenciar que «la Xunta invita, los ayuntamientos pagan» con las medidas que hay que poner en marcha de limpieza de centros.
El BNG, que tenía una enmienda presentada que no fue aceptada pero aceptó la iniciativa, lamentó, en palabras de Luís Bará, que «peor, imposible» la gestión del presidente Feijóo. «Suspendieron en junio y en septiembre», ha aseverado para «desmentir la mayor» y afirmar: «son malos gestores».
Por su parte, la diputada del PPdeG Paula Prado ironizó con que el día que los populares lo hagan «bien y no tan mal» como dice la oposición, el resto de grupos se quedará «sin representación» en la Cámara gallega.
Prado defendió que la Xunta se reunió con la Fegamp y que quedó pendiente un segundo encuentro. Además, ha censurado que los socialistas «no solo no critiquen, sino que defiendan» los criterios y la cuantía, de 93 millones de euros, del fondo educativo covid para Galicia y ha instado al PSdeG a decir si lo consideran suficiente.
NO SON COMPETENCIA
Rodríguez Rumbo ha subrayado que los socialistas «en ningún caso cuestionan las recomendaciones y contenido» del protocolo, sino la financiación y ha centrado el debate «en qué va a hacer» la Xunta con los 93 millones: «no digo que sean suficientes, pero no repartieron (en referencia a la administración autonómica) ni un solo euro».
En todo caso, se ha mostrado segura que «ningún alcalde ni alcaldesa, independientemente del color que sea, dejará tirado a nadie». Rodríguez Rumbo también esgrimió un informe jurídico de la Diputación de A Coruña en el que se define que no es competencia de los ayuntamientos asumir el coste de la limpieza de los centros.
