Vox se ha quedado este martes solo en el Congreso defendiendo su reforma de la Ley de Partidos para ilegalizar a formaciones separatistas como ERC, BNG, Junts o Bildu por pretender destruir «la indisoluble unidad de España». Todos los partidos han adelantado su voto contrario a esta iniciativa salvo el PP y Ciudadanos, que se han situado en la abstención.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, comenzaba augurando que hoy sería «un día histórico» para tomar medidas «decentes» en defensa de la democracia si se acaba tomando en consideración su iniciativa pero enseguida se ha encontrado con toda una Cámara en contra.

«Ni el terrorismo de ETA, amparado en Batasuna o Bildu, ni el golpe de Estado en Cataluña ni el Plan Ibarretxe tiene cabida en nuestra estructura constitucional», ha proclamado Espinosa de los Monteros, quien ha llamado a proteger a España de los nacionalismos por ser, según sus palabras, «incompatibles con la democracia». «No se trata de ilegalizar ideas, sino de preservar el espacio de libertad que es la Constitución», ha recalcado.

Sin embargo, su propuesta ha cosechado un reguero de críticas, no ya las previsibles de los partidos nacionalistas e independentistas, sino también del PSOE, el PP o Ciudadanos, que han acusado a los de Santiago Abascal de ir en contra de la Constitución y a los que han afeado sus problemas con la pluralidad política o la libertad de expresión.

PROPUESTA «LLENA DE ODIO»

Así lo ha verbalizado el diputado del PSOE, José Zaragoza, quien señalado a Vox como los «enemigos» de una Constitución, la de 1978, que ampara y protege a «todos», también a ellos y a los independentistas, de haberse convertido en «una perfecta máquina de rabia perpetua» presentando ahora una proposición de ley, a su juicio, «llena de odio» y de actuar como «reaccionarios» que «añoran la dictadura de Franco».

Desde Unidas Podemos Pilar Garrido ha apuntado que lo único que busca Vox con su propuesta es «achicar la democracia» pisoteando principios básicos como la libertad ideológica o el pluralismo político porque su objetivo no es otra, ha dicho, que «una España monocolor de partido único y con un único ideario».

En nombre del PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha avisado de que su partido no podía apoyar una proposición que pretende ilegalizar a todas las formaciones independentistas «por el mero hecho de serlo». «Eso va en contra de la Constitución», ha enfatizado el ‘popular’, afeando a Vox que cuando se defiende la Carta Magna ha de hacerse en su integridad, «no sólo lo que conviene» y recordándole que en España se puede defender cualquier proyecto político siempre «por la vía pacífica», respetando las leyes ya vigentes y los derechos de todos.

En la misma línea, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha compartido con Vox que el secesionismo es «nocivo» pero ha defendido que la solución ante aquellos partidos que buscan romper el país no pasa por «prohibir una idea per se» sino por cambiar la «maldita» Ley Electoral y porque los principales partidos nacionales logren ponerse de acuerdo quitando así poder a los nacionalismos.

A QUIEN HAY QUE ILEGALIZAR ES A VOX

Quienes más han cargado las tintas contra los de Abascal han sido las fuerzas nacionalistas e independentistas a las que pretende expulsar del escenario político, que les han acusado de intentar ganar mediante ilegalizaciones «lo que jamás conseguirán en las urnas», como ha dicho la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. A su juicio, es Vox quien debería estar fuera por vulnerar las libertades y derechos de diferentes colectivos sociales o de excluir a personas por su ideología, raza o sexo.

Una reflexión esta que ha compartido su homólogo del PNV, Aitor Esteban, quien ha confesado tener ganas de mandar a Vox «donde lo habría hecho Labordeta –y su famoso ‘a la mierda'»–, al igual que Jaume Alonso Cuevillas, representante de Junts, y a los que a los que ha censurado por pretender cargarse ese modelo de estado que dicen defender. «Ni Franco pudo acallar la voz de los nacionalistas vascos, no lo van a hacer ustedes ahora, que son el último godo», ha advertido Esteban.

En ERC, Gabriel Rufián ha tachado de «catetada» la iniciativa promovida por Vox con la que pretenden ilegalizar «a más de dos millones de catalanes» y ha alertado al PSOE de que ésta puede convertirse sen real decreto si no planta cara al «régimen del 36». Lo mismo ha hecho Mireia Vehí, en nombre de la CUP, quien se ha preguntado cómo es posible que las fuerzas progresistas del país no paren a la extrema derecha.

De su lado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha sugerido a Vox reformar la Ley Electoral para crear «una única circunscripción en el Barrio de Salamanca (Madrid)» y en la misma línea el representante de Compromís, Joan Baldoví, le ha instado a presenta una iniciativa para, como «hicieron los nazis», ilegalizar a todos los partidos salvo a Vox.

«Hay nacionalismos peligrosos, pero el suyo, que huele a dictadura, naftalina y fascismo», ha apostillado. «No van a conseguir doblegar ni al independentismo ni al nacionalismo», ha añadido el portavoz del BNG, Néstor Rego, quien ha contrastado el resultado cosechado por su partido con el obtenido por los de Abascal.

«DEFENSA DE LA LIBERTAD» DE GALICIA Y REFERÉNDUM MONARQUÍA

Rego también ha incidido en que Vox quiere «ilegalizar» al BNG porque «defiende la liberdad de Galicia» y, en relación con una iniciativa de Unidas Podemos que pide que el CIS pregunte sobre la monarquía, ha incidido en que «queda corta», puesto que, según los nacionalistas gallegos, lo que correspondería será «preguntar formalmente a la ciudadanía sobre el modelo de Estado».

Por esta razón, el BNG registró una enmienda instando al Gobierno a convocar un referéndum para decidir entre la monarquía o la república, pero finalmente la Mesa del Congreso ha impedido su tramitación, «alegando que no es competencia del Gobierno pese a que la iniciativa en la convocatoria de referendos corresponde al presidente del Gobierno».

«Al parecer no podremos votar, a pesar de que lo que se pedía era un pronunciamiento político de esta cámara y creo que todas las fuerzas políticas somos conscientes de que, tras el enorme descrédito de los Borbones corruptos, la monarquía tiene los días contados», ha concluido.