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Jácome defiende que la financiación de su partido sigue un modelo «legal, lento y pobre»

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El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha defendido la financiación de Democracia Ourensana (DO) como un modelo «legal, lento y pobre» tras ser denunciado en Fiscalía el pasado viernes por cinco de sus siete concejales precisamente por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos del partido.

Así lo ha transmitido en sus redes sociales, en las que ha desgranado las «dos formas de financiar» una formación política marcando una distancia entre su ‘modus operandi’ y el de «casi todos los grandes partidos (Gürtel, ERE, 3%…)».

Jácome ha explicado que la financiación de DO se basa en «aportaciones de afines al partido» a través de «donaciones» recibidas de «afiliados, políticos activos, personal eventual o simpatizantes varios».

El regidor ha subrayado que este es un modelo «legal, lento y pobre», lejos de otra «vía rápida y rica» que supondría una forma de «corrupción» en la que se reciben fondos de «empresas que se benefician de la administración».

En este sentido, se ha desmarcado de esta última vía, que «ha salpicado a casi todos los grandes partidos (Gürtel, ERE, 3%…)», basada en «mordidas ilegales de proveedores públicos» que se efectúan «por ventas a la administración pública o recalificaciones urbanísticas» o a través de las «concesionarias de servicios públicos (obras, agua, basura, buses, jardinería, etc)», ha publicado en internet.

«Si todos hacen como DO, los proveedores deshonestos perderían el control de la administración», ha sentenciado el regidor ourensano.

DENUNCIA EN FISCALÍA «ANTE LAS DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD»

Los ediles críticos contra Jácome interpusieron una denuncia en Fiscalía el pasado viernes para que investigue los fondos públicos y privados de Democracia Ourensana «ante las dudas sobre la legalidad».

En un comunicado firmado por el exportavoz municipal y edil de Movilidad, Infraestructuras y Transporte, Miguel Caride, los díscolos reprochaban públicamente que el presupuesto de DO era controlado de manera «personal, exclusiva y opaca» por el alcalde, que se negaba «a rendir cuentas, así como a publicar las mismas en los correspondientes portales de transparencia».

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