Los servicios jurídicos del ayuntamiento de Valga están estudiando la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra que ha declarado nulo el despido de ocho trabajadores del Grupo de Emergencia Supramunicipal (GES), lo que obliga a readmitirlos e indemnizarlos.

«El Ayuntamiento no puede hipotecar la economía municipal porque un grupo de personas pretendan ser bomberos cuando su función es otra», ha afirmado el alcalde, José María Bello.

El regidor municipal, junto con los concejales del grupo de gobierno Carmen Gómez, Begoña Castro, Pedro Calvo y Malena Isorna, ha explicado que, según los informes de los servicios jurídicos del ayuntamiento, «es imposible readmitir a los extrabajadores porque el servicio del GES ya no existe desde el pasado 31 de diciembre».

José María Bello ha destacado, además, que el servicio de emergencias no es competencia de esta administración local, sino de la Xunta y la Diputación de Pontevedra.

Bello Maneiro ha recordado que el GES se creó de forma «experimental» con antiguos componentes de Protección Civil que desempeñaban un servicio «fantástico y gratuito» para el ayuntamiento. La puesta en marcha oficial de los GES por parte de la Xunta, la Diputación y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), ha precisado el alcalde, conllevó que ese grupo asumiese las funciones del servicio, e incorporó a más integrantes hasta completar un equipo de 12 personas que, además de Valga, también atendían Pontecesures, Catoira, Caldas y Portas.

Durante los primeros años funcionó con «normalidad», según el relato de José María Bello, aunque con «problemas económicos para el ayuntamiento, ya que las aportaciones de la Diputación y la Xunta se retrasaban bastante», lo que obligó al Gobierno local a anticipar la dotación económica con cargo al presupuesto municipal, ya que los demás ayuntamientos no realizaban ninguna aportación, según el alcalde. «Aún así, estos trabajadores siempre cobraron puntualmente sus nóminas», ha añadido.

Ante la acumulación de deudas por parte de las administraciones provincial y autonómica, que el pasado mes de mayo aún abonaron «41.000 euros pendientes desde 2018», el ayuntamiento de Valga decidió finalizar los contratos el pasado 31 de diciembre de 2019 y se justificó en la inviabilidad del servicio para las arcas municipales.

IMPAGOS

En cuanto a las denuncias por parte de los trabajadores por impago «de 16.000 euros al año por diferentes pluses», el alcalde de Valga ha señalado que una reciente sentencia judicial ha dado la razón al ayuntamiento.

En caso de que los tribunales ordenasen el pago de esas cantidades, a lo que se añade «la cobertura con nuevo personal de dos bajas que se prolongaron durante más de un año», el Ayuntamiento de Valga tendría que desembolsar unos 312.000 euros anuales «a mayores de lo que ya venía aportando», según ha concretado Bello Maneiro.

Además, el regidor municipal ha señalado que otra de las razones que llevaron a prescindir del GES –comunicó la decisión «en tiempo y forma» a la Diputación, la Xunta y la Fegamp– fueron los «expedientes» abiertos en los últimos tiempos a varios trabajadores «por negarse a hacer algunas de las funciones que les correspondían» y que acarrearon la pérdida de «80.000 euros en dos años por no realizar trabajos encomendados». Además, Bello Maneiro ha criticado el funcionamiento de las guardias, en las que «últimamente solo había una persona».

En cuanto a la sentencia, el alcalde de Valga ha coincidido con el dictamen judicial en que la solución es «complicada» y debe pasar por la «negociación» entre los exempleados y el ayuntamiento.

Así, José María Bello ha admitido que «tendrá que haber una indemnización por final de contrato en base a lo que legalmente les corresponda», si bien, ha matizado que «parte de esa cantidad ya la han percibido como liquidación de los sucesivos contratos».