El BNG ha denunciado este viernes que la «nefasta» gestión de residuos que hace la empresa Tratamientos Ecológicos del Noroeste en la antigua cantera de Touro (A Coruña) lleva a un depósito «incontrolado» de basuras y a un problema recurrente de «pestilencia» que afecta «a la calidad de vida y a la salud» de los vecinos.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa el portavoz del BNG en el municipio, Xoán Louzao, que ha explicado que la empresa cuenta desde 2015 con una autorización para gestionar residuos urbanos e industriales no peligrosos. «Lo que no tiene es autorización para tirar los residuos por la cantera», ha señalado.

Este problema de contaminación odorífera, ha agregado, quedó «tapado» por los planes para retomar la actividad de la mina en Touro y O Pino y las protestas en contra de este proyecto, rechazado finalmente por la Xunta por no garantizar la sostenibilidad ambiental. No obstante, ha dicho Louzao, ahora al problema de la contaminación minera en la zona se une el del mal olor.

De acuerdo con el portavoz de la formación nacionalista en Touro, se considera que existe contaminación odorífera cuando se dan episodios que superan los 27 minutos y, según los datos de la propia empresa, constan algunos de uno o dos días, ha manifestado y ha agregado que documentos internos de la compañía admiten que es necesario mejorar en materia de olor.

El portavoz de Medio Rural del BNG, Xosé Luis Rivas ‘Mini’, afirmó que se está haciendo una gestión de los residuos «negligente» y «con la connivencia clara de la Consellería porque hay intereses espurios». En la zona, ha dicho, entran diferentes tipos de desechos y se han encontrado bacterias «que viven en situaciones extremas de acidez».

«Hablamos de cosas demasiado serias. Entran todo tipo de camiones», ha señalado y ha pedido que no pague esta comarca «los platos rotos» de la gestión de residuos gallega. En este sentido, Louzao ha añadido que se desconoce públicamente qué residuos entran en las instalaciones y la cantidad de los mismos.

Ante este problema, ha criticado que el Ayuntamiento «acepta» que existe, pero «no da soluciones», mientras que la Xunta «mira para otro lado» y, en la última visita al lugar, a finales de 2019, manifestó que se cumplían las normas y que «no olía». El nuevo Gobierno, ha reclamado, «tiene que tomar cartas en el asunto».