El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha remitido un escrito al ministro del ramo, Salvador Illa, acompañado de un informe en el que se insta a modificar la Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas frente a la COVID-19, con «las mayores garantías jurídicas» y sin tener que recurrir al estado de alarma.

El titular de Sanidade se refiere, en concreto al artículo 3 de la norma, sobre las medidas que se pueden adoptar para el control de las enfermedades transmisoras. Entre ellas, se solicita la posibilidad de impulsar medidas generales como cordones sanitarios, el confinamiento de la población o la limitación del derecho de reunión.

El texto argumenta que, en el caso de que estas cuenten con carácter general, no estarían sujetas a ratificación judicial para poder ser adoptadas. Asimismo, incide en que este listado de medidas debe estar abierto a ampliaciones y ser flexible, para adaptarse a los posibles cambios futuros y a las necesidades que deriven de la evolución epidemiológica.

Almuiña ha reiterado la importancia de que las comunidades cuenten con herramientas legislativas «más allá de las autorizaciones judiciales» y que permitan contar con «seguridad jurídica» a la hora de establecer medidas o restricciones» en su territorio, todo ello para poder hacer frente a la pandemia y la situación sanitaria actual.

Asimismo, esta normativa debe definir las competencias estatales y autonómicas y las medidas que le corresponderían a cada administración. Para la Xunta, las acciones de control de carreteras, por ejemplo, deberían recaer en el Estado, al tratarse de actuaciones generales que afectan a más de un territorio.