El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado este lunes que si el Congreso de los Diputados no avala en septiembre el decreto sobre los remanentes municipales estos «seguirán confinados» ya que «hay una ley del PP que impide gastarlo, que dice que si lo gastas te intervienen».

Así lo ha señalado en un encuentro digital con la alcaldesa de Gijón, Ana González Rodríguez, organizada por ‘La Nueva España’ y que ha sido recogido por Europa Press.

En ese sentido, Caballero ha explicado que el acuerdo supone que el remanente deje de estar guardado en el banco, «algo por lo que estamos pagando intereses», ya que «hay una ley del PP que impide gastarlo». Frente a esto, ha indicado el acuerdo supone entregarlo al Gobierno central y que este lo devuelva.

El alcalde de Vigo ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va permitir a los Ayuntamientos usar el superávit, además de destinar fondos europeos «y ahora nos dan 5.000 millones». «Quién puede oponerse a un acuerdo que nos da 5.000 millones sin tener que devolver nada», se ha preguntado.

«Lo que está haciendo el Gobierno de España es reactivar la economía», ha señalado Caballero, que ha indicado que «todo» lo que el PP reclamó en su momento para los municipios está recogido en el acuerdo entre el Gobierno central y la FEMP, de la que ha planteado al Congreso de los Diputados que sean los propios Ayuntamientos «los que decidan».

Por su parte, ha sido critico con la decisión de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau de no entregar su remanente al Estado. «Si Ada Colau no quiere ir por remanente que no vaya, que vaya por superávit, pero que permita a Vigo y a Gijón escoger», ha señalado.

ELIMINAR LA TUTELA

Por su parte, la alcaldesa de Gijón/Xixón, Ana González, ha recordado que ningún ayuntamiento puede usar el remanente desde 2012 por una ley de los ‘populares’. En ese sentido, ha señalado que la otra posibilidad para usar los remanentes es cambiar esta norma.

Sin embargo, ha recordado que para esto se necesita un transito parlamentario largo «y para el proceso de reconstrucción es inviable». «En el documento se recoge la necesidad de cambiar esa norma», ha explicado, para reclamar dar «estatus de mayoría de edad» a los ayuntamientos y «quitar la tutela».