El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha participado este viernes en un encuentro de alcaldes contra el criterio de reparto de los 5.000 millones de euros que el Ministerio Hacienda ha puesto sobre la mesa para aquellos ayuntamientos que les cedan sus ahorros.

El regidor del BNG ha intervenido en una reunión telemática, convocado por el primer edil de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, en la que también han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP); el regidor de Cádiz, José María González, ‘Kichi’ (Adelante Cádiz- Podemos); el de Bilbao, José Mari Aburto (PNV); el de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos); el de Lleida, Miquel Pueyo (Esquerra Republicana); el de Reus, Carlos Pellicer (Junts per Reus); el de Murcia, José Francisco Ballesta (PP); así como el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria).

Además, ha disculpado su ausencia en este encuentro pero forma parte de este frente común adhiriéndose al acuerdo el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís).

De este modo, conforman el frente alcaldes de prácticamente todos los partidos políticos excepto del PSOE, formación que aprobó en soledad la propuesta que el gobierno de Pedro Sánchez hizo a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El voto de calidad del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, rompió el empate y el consenso que ha caracterizado a esta organización que representa a los ayuntamientos de España.

Al respecto, en una rueda de prensa, Lores ha explicado que en la reunión de este jueves los alcaldes expresaron su «rechazo» al real decreto de Hacienda derivado del acuerdo de la FEMP «que consideramos injusto, discriminatorio y que viola la autonomía municipal».

Entre otras cuestiones, piden «que haya una financiación directa independientemente de la situación financiera de los ayuntamientos» para atender a la situación derivada de la Covid-19.

Y es que, según ha advertido el primer edil de Pontevedra, con la propuesta de la FEMP, «todos los ayuntamientos salen perjudicados porque, de alguna manera, están haciendo una incautación de los remanentes municipales». «No es un acuerdo de reparto de 5.000 millones, es un acuerdo de incautación de 14.000 millones», ha sentenciado.

Además, estos regidores también reclaman «respeto a la autonomía municipal» a la hora de definir en qué se gasta ese dinero. «Los ayuntamientos somos mayores de edad y sabemos qué es lo que tenemos que hacer», ha dicho.

En el caso de aquellos ayuntamientos que tengan superávit y cuenten con remanentes de tesorería, este grupo de alcaldes demanda que se puedan utilizar «sin limitaciones». Para ello, van a solicitar «que se levante la regla de gasto, déficit y endeudamiento» contempladas en la Ley de Estabilidad financiera «por lo menos durante el ejercicio 2021».

Además, piden que se defina «el acceso de los ayuntamientos a los fondos europeos», los 140.000 millones con los que contará España procedentes del fondo de recuperación europeo.

TRASLADO AL MINISTERIO DE HACIENDA

Este posicionamiento será trasladado al Ministerio de Hacienda y se hará una invitación a los alcaldes de todas las capitales de provincia y de los municipios de más de 100.000 habitantes «que quieran sumarse». Ahora estos regidores han quedado emplazados para una nueva reunión en septiembre para hacer un seguimiento de su iniciativa.

El primer edil pontevedrés ha insistido en que los ayuntamientos respetaron esa «Ley Montoro» que les «imposibilitó hacer inversiones y dar servicios a los ciudadanos» y una vez que los gobierno locales acumularon ahorros «ahora, de repente, nos los incauta el Estado que durante todos estos años aumentó de una manera exponencial la deuda». «Cuando tenemos una hucha no la podemos utilizar en una situación de emergencia», ha lamentado el regidor nacionalista.

En el caso de Pontevedra son unos 19 millones de euros la cantidad que atesora como liquidez «que no podemos utilizar». Lores antes de asistir a esta reunión se lo comunicó al portavoz local del PSOE, socio en el Gobierno municipal «y no puso ninguna pega».

Finalmente, ha recordado que el real-decreto debe pasar por el Congreso de los Diputados y es bastante improbable que tenga apoyos suficientes.