El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado una proposición no de ley en la que pide la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, conocida como ‘Ley Montoro’, para que se permita a los ayuntamientos utilizar los remanentes y superávit, así como ampliar la capacidad de endeudamiento de las administraciones locales para afrontar gastos.

«Ante la situación de crisis económica y social de los últimos meses, los ayuntamientos demandan de forma urgente poder utilizar los remanentes acumulados en cuentas bancarias, sin que con esto se incumpla la regla de gasto», ha expresado.

Se trata de una demanda que ya había sido reiterada en varias ocasiones, incluso antes de la crisis de la covid-19, por parte del diputado del BNG, que ha instado de forma urgente a la «flexibilización en la utilización del remanente y superávit» a cualquier tipo de inversión que redunde en beneficio de la comunidad.

Ello, «extendiendo el ámbito temporal de aplicación», así como que se considere la posibilidad de poder aplicar parte de este remanente y superávit a gasto corriente.

El BNG considera «inaceptable» que el Gobierno pretenda «confiscar» los 890 millones de euros de remanente y superávit de los que disponen los ayuntamientos y las diputaciones, «dejando casi sin recursos a las administraciones locales» y, por lo tanto, «penalizando a aquellos ayuntamientos que mejor gestionaron sus cuentas y tienen remanentes».

Para Rego, «no se pueden repetir los errores que se cometieron en la crisis del 2009», y tampoco «puede haber una incautación de fondos a unos ayuntamientos que tienen una situación muy saneada». Con esta propuesta, el Gobierno «no solo está ignorando las necesidades municipales, sino también las conclusiones fijadas en el dictamen de la comisión de reconstrucción».

El BNG rechaza el argumento del gobierno que justifica «esta maniobra en las previsiones de la ley de estabilidad financiera», alegando la «imposibilidad de incumplir su contenido», ya que la propia Comisión Europea «acordó flexibilizar» la limitación de endeudamiento de los estados miembro para hacer frente a la crisis de la covid-19.