La Vicesecretaría Jurídica de Vox ha denunciado ante la Junta Electoral de Galicia dos concentraciones convocadas por grupos denominados antifascistas contra los mítines que el partido prevé celebrar en las ciudades de Lugo y A Coruña este fin de semana.

Según advierte la formación a través de un comunicado, se trata de dos movilizaciones organizadas por «grupos radicales» y «violentos», para las que piden «la acción policial necesaria» para que no se produzcan y que sus actos de campaña se puedan desarrollar «sin presiones y sin riesgo para la integridad física» de los asistentes.

En concreto, Vox ha denunciado ante la Junta Electoral gallega dos concentraciones convocadas por plataformas denominadas «antifascistas», principalmente a través de redes sociales. La primera, este viernes en Campo Castelo en Lugo, y la segunda, frente al Palexo en A Coruña organizada por Acción Antifascista, coincidirán con los mítines que ofrecerá el presidente del partido, Santiago Abascal.

Por eso, la formación reclama que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impidan «que se pueda coaccionar a los asistentes y convocantes de estos actos», que «no están pudiendo desarrollar sus actividades con normalidad» durante la campaña de las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio.

Y es que, según Vox, «todos los actos» del partido son recibidos con concentraciones «ilegales» convocadas por «grupos radicales y violentos de extrema izquierda» que, en algunos casos, «han llegado a agredir a los asistentes».

En este sentido, recuerda que el pasado fin de semana la diputada en el Congreso Rocío de Meer «fue golpeada con una piedra en la ceja» en la localidad vizcaína de Sestao, un hecho que fue puesto en duda en redes sociales incluso por el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique.

Así las cosas, Vox explica que los responsables de seguridad del partido ya «han solicitado un aumento de la protección policial de los candidatos y los actos» que organiza durante la campaña del 12J, «sin que el Ministerio del Interior ni la Consejería vasca», en este caso, «hayan dado solución a este problema de seguridad».