SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRES)

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, ha acusado al PSOE de hacer un «uso electoralista» del accidente del Alvia, después de que se haya trasladado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a Bruselas para reunirse con la comisaria del ramo, Adina Valean, «en plena campaña electoral de las elecciones gallegas».

«Es una indecencia que el ministro priorice la reunión con la comisaria sobre las víctimas, que llevan medio año solicitándole un encuentro», señala en un comunicado de prensa, en el que la portavoz del Bloque apunta que «ni PP, ni PSOE ni Podemos tienen el más mínimo interés por conocer la verdad y proporcionar justicia y reparación a las víctimas, porque, sino, desde los sucesivos gobiernos se cumpliría el mandato de Bruselas de abrir una comisión técnica».

Miranda recuerda que el accidente del Alvia se ha producido hace siete años (ahora en julio) y ya hace más de año y medio que la Comisión Europea (en enero de 2019) abrió un procedimiento de infracción contra el Estado español por «incumplimiento de la legislación europea en materia de seguridad ferroviaria».

Según destaca la portavoz del BNG en Europa, los distintos gobiernos del Estado del PP y PSOE «no solo no trabajaron por conocer las causas profundas del accidente», sino que «retrasaron permanentemente los requisitos de la Comisión Europea, solicitando sucesivas prórrogas». «Pero, lamentablemente, también vimos como desde Podemos no hacen nada para que se haga una investigación independiente», ha reprobado.

REPRUEBA A PP, PSOE Y PODEMOS

La política nacionalista ha lamentado que «parece que PP, PSOE y Podemos están de acuerdo en que no se presente un plan para que no vuelva a ocurrir un accidente como el del Alvia», que para el Bloque «debe de ser la prioridad principal».

Miranda también recuerda que, desde la apertura del procedimiento de infracción, se sucedieron dos gobiernos del PSOE, «uno en solitario y otro en coalición con Unidas Podemos», ha evidenciado.

El procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea fue abierto contra el Estado español a raíz de la denuncia que se registró a través del BNG en la Comisión Europea en 2017 contra el Estado, el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe, por «infracción del derecho comunitario» en materia de seguridad ferroviaria y «por no hacer el control de riesgos que exige la norma en el caso del accidente» del Alvia.