«Garantizar una política fiscal que permita que Galicia sea una de las comunidades con menor presión fiscal» es uno de los compromisos que adquiere el PPdeG en su programa para las elecciones del 12 de julio, en el que apuesta por seguir «con la política de rebajas fiscales selectivas que permitan ayudar a quien más lo necesita y dinamizar la economía».

Así, los populares se comprometen a mantener las rebajas de impuestos ya aprobadas por el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo –en tributos como el de sucesiones o en el IRPF–, pero también se anticipa que se establecerán nuevos beneficios fiscales, por ejemplo, para colectivos como las familias numerosas, monoparentales y víctimas de violencia machista.

Los populares contemplan, del mismo modo, beneficios fiscales para favorecer la recuperación y puesta en valor de las tierras agroforestales. Asimismo, prevén fijar ventajas fiscales para la adquisición por parte de los trabajadores por cuenta ajena de equipos tecnológicos para el hogar destinados al teletrabajo.

Del mismo modo, se contempla un refuerzo de las actuaciones de lucha contra el fraude que ejerce la Axencia Tributaria de Galicia y, entre otras cuestiones, se «facilitará» que preste asistencia a la gestión de los tributos municipales para poner a disposición de los ayuntamientos su experiencia gestora y las fuentes de información de las que dispone.

TRASPASO DE COMPETENCIAS

Por otra parte, el programa de los populares garantiza que la formación que lidera Feijóo peleará por la transferencia de nuevas competencias a la Comunidad. «No aceptaremos que Galicia quede en inferioridad de condiciones por tratos bilaterales o asimétricos que se deriven de la dependencia del Gobierno de España por los compromisos con fuerzas que ejercen el gobierno en otras comunidades», recoge.

En este sentido, subraya que se continuarán demandando traspasos que permiten «una mejor prestación de los servicios públicos» a través de una gestión «de proximidad» dentro del marco constitucional y estatutario. Los populares citan expresamente unos 15 puntos, que incluyen «un acuerdo sobre museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, becas y ayudas al estudio, inspección de trabajo, servicios meteorológicos, y la ordenación del sector pesquero».

También «la investigación oceanográfica, expedición de títulos y tarjetas acreditativas de la Marina Mercante, inspección y vigilancia pesquera e inspección en materia de seguridad a bordo, ordenación del litoral y gestión del dominio público marítimo-terrestre, así como competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia».

En la misma línea, reivindica competencias en materia de reclamaciones económico-administrativas, la cesión de la titularidad de los inmuebles de la Seguridad Social, sanidad penitenciaria y a titularidad de las autopistas AP-9 y AP-53, en este caso, acompañada «de los recursos técnicos y administrativos necesarios» para que la Comunidad no se vea penalizada.

Los populares se comprometen a «negociar las condiciones» del traspaso de ambas autopistas y a reclamar la gestión del Ingreso Mínimo Vital para la Comunidad.

‘AXENDA GALICIA’ Y ALCOA

En su programa, los populares incorporan la ‘Axenda Galicia’, un listado de reivindicaciones al Gobierno que dirige Pedro Sánchez que Feijóo había puesto sobre la mesa antes de la pandemia, y que incluye tanto la demanda por los impagos del IVA como el reclamo de que se cumpla con los plazos del AVE a Galicia.

En relación a Alcoa, los populares también insisten en sus demandas, con el impulso, «a la mayor brevedad posible», de un estatuto para los consumidores electrointensivos.

Por su parte, remarca que la Xunta se comprometerá con la factoría de San Cibrao, en Cervo (Lugo), a través de la búsqueda de fondos europeos relacionados con el ‘Pacto Verde Europeo’, así como de un préstamo participativo que tendría por objeto garantizar la inversión para dar continuidad a la producción de aluminio primario en Galicia.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

Finalmente, además de reivindicar el recurso de los órganos de diálogo multilaterales como las conferencias de presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), los populares prometen defender un nuevo modelo de financiación «equitativo» entre comunidades, así como «más sencillo, transparente y predecible».

Concluyen que este nuevo sistema «debe partir de la eliminación de la liquidación del ejercicio de 2020».

«En la medida en que los ingresos tributarios, fuertemente impactados por el parón económico derivado de la pandemia, ya que están siendo financiados con deuda en este ejercicio, es necesario aplicar una medida excepcional en el año 2022 que elimine la iquidación, para no caer en el mismo error que fue la la liquidación del Gobierno socialista correspondiente a 2008 y 2009, que cargó a Galicia con una deuda de 2.200 millones de euros que aún está pagando, lo que comprometería fuertemente unas finanzas autonómicas sostenibles», zanjan los populares.