El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley del Gobierno que crea el Ingreso Mínimo Vital, y lo ha hecho con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que se ha abstenido. También se ha acordado tramitar la norma como proyecto de ley, por lo que podrán realizarse modificaciones en su contenido vía enmienda.

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá han defendido de forma conjunta este texto que han definido como «la mejor vacuna» frente a «los discursos del odio» y el «clima de crispación» política que, a su juicio, existe en la actualidad en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid19.

Iglesias ha lamentado en su intervención que ha sido «indignante escuchar en los últimos meses» como algunos partidos de la oposición hablaban de esta medida como «la paguita», una forma de expresarse que, en su opinión, «falta al respeto a compatriotas que tienen que esforzarse en llenar la nevera» o para lograr una «dignidad mínima» para su día a día.

Por su parte, Escrivá, ha pedido que esta prestación no se entienda tanto como una política dirigida a grupos concretos sino como un seguro colectivo que rescata a las personas que sufran carencias materiales severas y les empuje hacia la integración social». Del mismo modo, ha adelantado que, este mismo mes de junio, unas 300.000 personas ya recibirán la ayuda.

El único partido que no ha votado a favor, Vox, ha denunciado que este ingreso mínimo es «el precio por el pacto con el diablo», en referencia al acuerdo de Gobierno con Podemos, y ha asegurado que esta medida va a salir «muy cara» porque «pone en riesgo de muerte el sistema de protección». Además, cree que la excepción que se hace para víctimas de trata es «como decir que van a ser beneficiarios todos los que llegan en patera».

ESCRIVÁ, SOLO EN LA VOTACIÓN

También el PP se ha referido a la relación de esta medida con el partido morado. En concreto ha celebrado que el texto aprobado «está muy lejos» de la «renta universal» que quería Podemos, y de ahí su apoyo. «Tiene muchos fallos, pero no es lo que quería podemos», ha asegurado la portavoz ‘popular’ en este debate, Pilar Marcos. Entre la carencias del texto, la diputada ha relatado que no tiene memoria económica o que no está pactado con todas las comunidades y ayuntamientos o con la oposición.

Los de Pablo Casado han criticado, por otra parte, que el único representante del Gobierno durante la votación de este decreto haya sido Escrivá, que no es diputado, y han denunciado la ausencia tanto del presidente Pedro Sánchez como de todos los vicepresidentes, incluyendo el líder de Podemos.

El resto de formaciones han celebrado la llegada de esta ayuda. Desde ERC lo han calificado como una «victoria de la izquierda», mientras que EH Bildu ha pedido «no dejar caer en los márgenes de la exclusión» a los profesionales esenciales, como sanitarios, cajeros o reponedores. Además, Coalición Canaria ha felicitado a Escrivá y a su departamento por el trabajo realizado, mientras Nueva Canarias ha lamentado que es «inaceptable» que la pobreza se considere como algo «inevitable».

Ciudadanos ha anunciado que hará modificaciones en el texto, entre ellas, que los jóvenes de entre 18 y 23 años no pueda acceder sólo a ellas cuando tienen cargas familiares. Foro Asturias ha llamado a incluir medidas que impulsen el empleo y Teruel existe ha pedido que se use el IMV para luchar contra la despoblación.

Del mismo modo, Junts per Catalunya y UPN han reclamado que la gestión del IMV se ceda a las autonomías como ha hecho el Gobierno con País Vasco y Navarra, en un acuerdo con el PNV y el BNG, por su parte, ha cuestionado por qué el Ejecutivo no ha optado por reforzarlas rentas mínimas que ya existen en las autonomías.