El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley que regulará la llamada ‘nueva normalidad’ una vez decaiga el estado de alarma y hasta que se declare el final de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, con el fin de adaptar el texto a las mejoras planteadas por algunos partidos políticos como el PNV y Ciudadanos, toda vez que el decreto deberá ser convalidado en el plazo máximo de un mes por el Congreso de los Diputados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado algunos de los cambios acometidos, a petición de los grupos, en el decreto que el Ejecutivo confía en poder convalidar en el Congreso de los Diputados la semana que viene, según fuentes gubernamentales.

Uno de ellos afecta al modo en que el Gobierno pondrá fin a la vigencia del decreto cuando considere que ya no hay riesgo porque se ha encontrado una terapia efectiva o vacuna frente al coronavirus. La modificación incorporada obliga al Ejecutivo a declarar el fin de la crisis sanitaria «de forma motivada» y «habiendo escuchado a las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias», según ha explicado el ministro.

A petición del PNV y «en aras del consenso», decae el artículo 65 bis de la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud que el Gobierno quería introducir el Ejecutivo a través del nuevo decreto ley para obligar a las CCAA a suministrar a Sanidad toda la información que se les requiera de forma inmediata en situación de emergencia.

También a propuesta de los nacionalistas vascos se modifica la redacción del artículo 3 del nuevo real decreto ley para especificar que la Administración General del Estado podrá «con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad» adoptar «de acuerdo con sus competencias» –es el matiz incorporado a petición del PNV– las medidas que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de este real decreto ley.

Otro de los cambios ha sido el de fijar, a instancias de Ciudadanos, la obligatoriedad del uso de mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, en lugar de la horquilla de entre 1,5 y 2 metros que establecía una versión anterior del texto.

El decreto establece asimismo que los centros de residencias de mayores deben estar coordinadas con las Comunidades Autónomas y han de tener preparados planes de contingencia para hacer frente a eventuales rebrotes.

También deja en el Consejo Superior de Deportes la decisión última sobre las medidas de prevención que haya que adoptar en relación con los partidos de la liga de fútbol o la de baloncesto ACB y obliga a los operadores de transportes de mantener los registros de pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas para poder hacer un seguimiento de las personas que hayan podido estar en contacto con algún viajero que dé positivo en coronavirus.

El decreto faculta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a recabar información a los fabricantes para garantizar la disponibilidad de los productos que sean necesarios de cara a una epidemia, ha concretado Illa entre otras medidas.