El BNG presentó este lunes alegaciones al proyecto de construcción del nuevo depósito de seguridad en el Centro de tratamiento de residuos industriales en Galicia, que gestiona la empresa Sogarisa, situado en la parroquia de Seixas, en el municipio de As Somozas (A Coruña).
En concreto, se presentaron respecto a la solicitud de modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El proyecto se encuentra en estado de información pública desde su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 25 de marzo.
Dichas alegaciones se enmarcan en la accion de control del cumplimiento de las afecciones ambientales y sobre la naturaleza que provoca la gestión industrial de los residuos en el polígono industrial de As Somozas.
En esrte sentido, el BNG reivindica el compromiso adquirido con los vecindario de las zonas residenciales más próximas, «que llevan años denunciando determinadas prácticas que tienen una gran afeción en el desarrollo de sus vidas».
«Son continuos vertidos no autorizados, los nauseabundos olores que provoca alguna de las fábricas allí presentes en determinados procesos productivos y la pasividad y mismo connivencia del Ayuntamiento de As Somozas ante tales prácticas y la nula política informativa y oscurantismo hacia el vecindario acerca del que allí acontece».
Las alegaciones presentadas desde el BNG se basan en varios puntos, como la modificación en una única resolución de la Autorización Ambiental Integrada y el Estudio de Impacto Ambiental, y que «deben resolverse una previamente a la otra, argumentándose con jurisprudencia que así lo defiende.
«No hay suficiente justificación del cumplimiento de los impacto ambientales sobre zonas protegidas próximas a la instalación».
ESTUDIO GEOTÉCNICO
Desde el BNG también reclama «la existencia de un estudio geotécnico en el que tiene que ver con la construcción del nuevo depósito de seguridad para residuos», estudio «fundamental para garantizar la estabilidad de los taludes y evaluar de manera adecuada los riesgos de desprendimientos, inestabilidades sísmicas o comportamiento hidrológico».
«La ausencia de este documento puede constituir omisión muy grave», advierte el BNG, y «podría ser causa de anulación» de la Autorización Ambiental Integrada», y «devenir en responsabilidades penitenciarias para la administración en caso de acontecer un accidente».
También apuntan a que el tratamiento de los ‘lixiviados’ tiene una «deficiente justificación» y «no se acredita en el proyecto la falta de afecciones» que podrían tener estos líquidos residuales «resultantes del proceso industrial en el ámbito natural y en los ecosistemas más próximos».
PROYECTO CON «MUCHAS CARENCIAS»
Por último, apuntan a la «falta la justificación suficiente y de acreditación de las condiciones» que exige la Ley del Suelo de Galicia para llevar a cabo obras y construcciones en suelos rústico de protección forestal, «que es uno de los tipos de suelo sobre lo que se va a actuar en este proyecto».
«Tiene muchas carencias de justificaciones necesarias para la necesaria seguridad jurídica de la resolución definitiva de aprobación de los instrumentos ambientales y de la posterior licencia de obras para la ejecución del nuevo vaso de residuos» y «para la constatación de la existencia de un proceso productivo que cumpla con todas las normativas ambientales y de protección de la naturaleza», además de la legalidad urbanística.
