La familia Franco ha aportado una serie de documentación por la demanda interpuesta por el Estado y a la que se adhirieron los ayuntamientos de Sada y de A Coruña y la Xunta, que reclaman la incorporación al Patrimonio Nacional del Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada. Quieren «hacer valer» que el inmueble es propiedad suya y, por ello, adjuntaron pólizas de seguro y declaraciones de la contribución general sobre la renta.

Concretamente, esta documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantada por la Cadena Ser, incluye las declaraciones de la renta de Francisco Franco Bahamonde del año 1960 sobre el ejercicio 1959 y del año 1958, en la que se incluye el Pazo de Meirás como propiedad.

Los papeles incluidos en la causa son documentación aportada para el juicio, que se celebrará entre el 6 y el 10 de julio tras la vista preliminar que ha tenido lugar el pasado 31 de enero en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y que finalizó tres horas y media después sin acuerdo entre las partes.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha remarcado este martes que toda la documentación aportada, que «no ha sido impugnada» por las partes personas como demandantes, trata de «hacer valer» que el pazo era considerado «una propiedad privada».

En las declaraciones aportadas también se incluyen los rendimientos agrícolas por propiedades fincas destinadas a cultivos, como así se recoge en los papeles incorporados a la causa.

PÓLIZAS DE INCENDIOS

En la documentación aportada, también se encuentran dos pólizas de seguros en caso de incendios, contratadas con Covadonga Sociedad Anónima de Seguros para proteger los bienes incluidos en el pazo, que como allí se indica también es conocido como Torres de Meirás.

Así, una de las pólizas tenía diez años de duración, desde el 11 de septiembre de 1959 hasta el mismo día de 1969, aseguraba un capital de 2,5 millones de pesetas, con un coste de la prima de 3.790,10 pesetas, en el valor de la mitad del siglo XX. Otra de las pólizas remitidas es del 27 de abril de 1940 y también por duración de diez años con la misma empresa y una prima de 1.500.000 pesetas.

De ella, 1.250.000 pesetas aseguraban, según el documento, la casa señorial; mientras que un millón de pesetas protegía el mobiliario, que incluía objetos religiosos. Las 250.000 pesetas restantes era el valor de alhajas, encajes, tapices, biblioteca, piano y otros objetos de arte.

La documentación aportada también incluye un informe de la Abogacía del Estado de abril de 2018, cuando estaba en el gobierno el PP de Mariano Rajoy, en el que se examinaba la reclamación de la Diputación de A Coruña sobre el Pazo de Meirás.

En este escrito, la institución del Estado concluye que «aunque fue una de las dos residencias oficiales veraniegas del jefe de Estado (…) desde 1941 a 1975, al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional».

«Y ello por aplicación de las leyes de 7 de marzo de 1940 y de 16 de junio de 1982″. En su virtud, el Consejo de Administración de la entidad no se halla legitimado para su reivindicación», concluye.

DISCREPANCIAS

En su demanda, la actual Abogacía del Estado plantea que fue el Ayuntamiento de Ferrol y no Franco quien abonó el impuesto de contribución, cuestión que se expuso en las alegaciones del pasado 31 de enero y que por parte de la jueza se admitió hacer el requerimiento necesario para que se aporte la documentación que conste a este respecto en el consistorio.

El letrado ha sostenido que había una explotación de carácter agrario de la que se hacía cargo en determinadas cuestiones la Administración central y que se mantuvo vigilancia de la Guardia Civil hasta el año 1990, argumentos con los que se pretende respaldar la reivindicación de que el inmueble pase al patrimonio público.

Sin embargo, los Franco defienden con una «documentación muy abundante» que el dictador consideraba el pazo suyo y que, por ello, «pagaba la contribución y declaraba los rendimientos agrarios». «Nadie puede pensar que Francisco Franco contratase pólizas de seguro y se imputase rendimientos agrícolas y tributase por ellos», ha manifestado el abogado de sus descendientes.

Otro de los argumentos esgrimidos radica en que la contribución urbana «giraba a su nombre» y, si fuese un edificio del Estado, «estaría exento» del IBI. «Entraría en contradicción que lo declarase como suyo, si no, el Estado tendría algo que decir», esgrime.

«SE DISPUTA UNA PROPIEDAD»

El abogado advierte de que en este juicio «no se trata de dirimir si (Franco) era malo, regular o bueno», sino que «se disputa una propiedad». «Nosotros consideramos que todas las consideraciones políticas en torno a Franco y el momento histórico son irrelevantes de cara a un pleito en el que lo que vale es el Código Civil. Las consideraciones políticas tienen que estar al margen, es un pleito técnico-jurídico», ha sentenciado.

Tras la vista preliminar de enero, la representación legal de la familia Franco dijo que «lo importante es que el dinero no salió ni del comprador ni de las arcas públicas, sino de particulares que no son parte».

Una de las cuestiones que centró parte de las divergencias en la vista preliminar de enero fue la escritura de 1941, que el letrado del Estado puso en cuestión y la calificó de «fraudulenta» para dar «una apariencia a favor de Franco y sus herederos». Por su parte, la parte demandada replicó que se trata de «un documento válido».