La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, no ha concretado fechas para la incoación de la ampliación de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a bienes muebles del Pazo de Meirás, durante su comparecencia en el Parlamento gallego, en la Comisión Institucional de Administración General, Justicia e Interior.

«Es urgente la declaración BIC», ha sentenciado el diputado Xosé Luis Bará en una pregunta sobre la gestión del Gobierno gallego en relación con la defensa de la titularidad pública, la protección y la conservación de los citados bienes muebles.

La directora xeral ha condicionado el inicio de este proceso a la disposición de «toda la documentación y toda la información precisa para que se avale el valor cultural de esos bienes muebles».

También ha insistido en la colaboración con el Estado para, a través de un grupo de trabajo, suscribir un convenio previo a este paso. No obstante, ha recalcado, en línea con las manifestaciones de la Consellería de Cultura en las últimas semanas, que la declaraciónBIC «no altera» la titularidad de los bienes que formen parte del sitio histórico.

Así, ha reiterado que, a juicio de la Xunta, reclamar esa titularidad corresponde al Estado como propietario en estos momentos del pazo y por vía judicial. «No hicieron los deberes, solo reaccionan a la presión», ha reprochado el diputado del BNG, quien ha cuestionado que se tenga que pedir en los juzgados «unos bienes que fueron robados».

INFORME PERICIAL

Esta comparecencia se produce después de que la Xunta haya presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña un informe pericial sobre las características individuales y grupales de 55 bienes en discordia con los Franco, de los 133 que reclama el Estado.

Un informe hecho por expertos de Patrimonio y destinado a identificar el valor cultural y «la relación y vinculación con el sitio histórico» de los bienes de los que se justifica el citado «interés» cultural. Esta pericial no entra en los 49 bienes que la Xunta, recientemente, consideró también que debe reclamar el Estado por vía judicial.