El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha avanzado la presentación de un recurso contra la diligencia del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña que otorga un plazo de un mes a los herederos del dictador Francisco Franco para retirar los bienes muebles del Pazo de Meirás, situado en este municipio coruñés.

Tras conocer la decisión del juzgado, emitida este jueves y que parte de la sentencia que dió la razón a los Franco en la reclamación de los bienes muebles del pazo en su litigio con el Estado, el ejecutivo local que encabeza el regidor Benito Portela ha anunciado que presentará el recurso dentro de los cinco días habilitados legalmente para hacerlo.

«¿Qué han estado haciendo el Estado y la Xunta de Galicia durante este tiempo para impedir que los Franco dejen desnudo el Pazo de Meirás?», se han preguntado Portela, que censura que la Administración central no haya presentado ninguna acción judicial tras la revocación del depósito mobiliario en favor del Estado.

El gobierno de Sada también carga contra el Gobierno autonómico, a quien afea la ausencia de medidas administrativas cautelares que impidan la retirada de bienes de Meirás. «Los Franco pretenden despojar el pazo de todo su contenido interior y Estado y Xunta, de actores pasivos», ha apostillado el alcalde.

DILIGENCIA JUDICIAL

El paso anunciado por el Ayuntamiento de Sada llega en resupuesta a la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña de conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada «de las cosas, bienes u objetos» que hay en el interior del pazo de Meirás, con la excepción de aquellas que eventualmente se encuentren en él por haber sido colocadas por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble.

Además, la letrada de la Administración de Justicia, en la diligencia de ordenación, contra la que cabe presentar recurso de reposición, requiere al Estado para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada de los bienes.

Respecto a la petición de la parte demandada de que se declare no existente, a todos los efectos, el inventario sobre los bienes del pazo, así como de que se prohíba su divulgación, el juzgado otorga a las partes un plazo de diez días para indicar si están conformes con esta solicitud o presenten alegaciones.

La resolución atiende a la petición hecha por los Franco en un escrito presentado por sus letrados este lunes después de que la Sección Tercera Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito mobiliario a favor del Estado.

Sobre los bienes existentes, los Franco ya han adelantado su voluntad de retirar todos, incluidos los declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), aunque en este caso tendrían que pedir autorización a la Xunta.

Recientemente, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reivindicó tanto las estatutas Mestre Mateo como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán como bienes «de Galicia» y avanzó que la Administración autonómmica ejercerá su marco competencial con el objetivo de que queden en esta autonomía.

SIN EFECTO EL AUTO DEL JUZGADO

Con la decisión adoptada por la Audiencia de A Coruña al estimar el recurso de la familia del dictador –que ahora deberá ser «indemnizada» por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación–, se dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que se ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.

Los magistrados dejaron abierta, no obstante, la posibilidad de que el Estado pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado.