Los tres grupos con presencia en la Cámara gallega –PP, BNG y PSdeG– han respaldado que el Estado y la Xunta de Galicia interpongan recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el proceso de recuperación del Pazo de Meirás que, entre otras cuestiones, obliga a compensar económicamente a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos derivados del uso desde el año 1975 del complejo ubicado en Sada.

El debate en pleno del Parlamento gallego de la iniciativa, que, a pesar de la coincidencia en el voto derivó en un cruce de reproches y acusaciones entre los grupos políticos, se produjo el día después de que la Abogacía del Estado anunciase que recurrirá el fallo de la audiencia.

El cambio de postura del Ejecutivo, que, al igual que el Gobierno gallego, había avanzado su intención de no presentar recurso basándose en cuestiones jurídicas, ha tenido eco en el hemiciclo durante el debate acumulado de sendas proposiciones no de ley presentadas por BNG y PSdeG que se han sumado en un único texto respaldado también por el grupo mayoritario, el PPdeG.

En concreto, la resolución aprobada por la Cámara insta a Estado y Xunta a presentar recurso a la afirmación de los magistrados en la sentencia donde reconocen a los herederos del dictador que no actuaron de mala fe, así como a los «restantes pronunciamentos» de la parte dispositiva de la sentencia.

Asimismo, el texto, que hace referencia al acuerdo parlamentario del 11 de julio de 2018 para favorecer el proceso de recuperación del Pazo de Meirás, también apela a evitar por la vía judicial que el paso a patrimonio público del complejo «no suponga un nuevo coste para el pueblo gallego» y, por lo tanto, los herederos del «espolio» no obtengan beneficios económicos.

REPROCHES CRUZADOS

En este sentido, y a pesar del acuerdo final, el debate de la iniciativa ha estado marcado por los cruces de reproches entre cada uno de los grupos políticos. Así, el PP afeó al BNG de «criminalizar» a la justicia por sus críticas a la sentencia y al PSdeG que esté supeditado a lo que marque la dirección estatal de su partido; mientras que los nacionalistas criticaron el «menosprecio» de los socialistas al activismo pro devolución del pazo y a los populares por «blanquear» el franquismo.

Por su parte, los socialistas, que de la mano de su diputado Pablo Arangüena se han erigido como «líderes» del proceso de recuperación del complejo de Sada, creen que el Bloque pretende «vender un relato falsificado» sobre el cambio de postura del Estado respecto al recurso y al PP de «diluir» la realidad de Meirás como «símbolo» de la memoria histórica introduciendo la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán entre los usos a dar para el complejo.

En este sentido, Arangüena (que, minutos antes de intervenir en el pleno, acompañó al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara; hecho que fue tildado de «poco elegante» por parte del PP) atribuyó la postura inicial del Estado de no presentar alegaciones a la sentencia al análisis de las «posibilidades jurídicas» de un «recurso extremadamente difícil».

Por ello, ha acusado al BNG de tratar de «vender un relato falsificado» después de que el diputado frenstista Luis Bará asegurase, en la apertura del debate, que la «rectificación» del Ejecutivo central se debió a la «presión» popular ante una sentencia «reaccionaria» y con «tufillo franquista».

«No es cierto que le doblasen el brazo», replicó Arangüena desde el estrado del hemiciclo, para a continuación reivindicar que el PSOE fue, en el año 1978, «el primer partido» en pedir la recuperación del Pazo de Meirás, afirmación que fue respondida en el turno de cierre por Bará, que tachó de «mentira» estas palabras, para luego acusar a los socialistas de «perpetuar» durante sus años en el Gobierno que el complejo siguiese en manos de los Franco.

LA INDEMNIZACIÓN

El hecho de que la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña reconozca a los Franco el derecho a ser indemnizados por los usos de Meirás y que, además, lo haga al entender que no actuaron de mala fe también centró buena parte del debate entre los grupos.

Para el diputado popular Alberto Pazos Couñago, que apeló a «no despertar altas expectativas ni alimentar frustraciones» desde los discursos políticos, ha puesto el foco en que «el precio que haya que pagar» a los Franco por «liquidar» Meirás es «el precio que se pag por vivir en un estado de derecho» en el que existe la obligación de tratar desde la justicia a todos los ciudadanos por igual.

«Y eso es la grandeza de la democracia», ha apuntado antes de subrayar que, en todo caso, la liquidación de un estado posesorio «en ningún caso» puede implicar «enriquecimiento» pues ha de limitarse a los gastos contraídos por el uso de esos bienes y que estos «deben justificarse».